Deberán pagar sendas multas de 1.275 euros y uno de los acusados, una mujer brasileña, será expulsada del país
25 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los fisterráns Víctor Manuel Paredes Insua y Plácido Daniel Martínez Fernández, así como Lede Da Silva, vecina de Ames de origen brasileño, no irán a la cárcel pese a haber sido declarados culpables de un delito contra la salud pública por trapichear con drogas en la localidad fisterrana.
La Audiencia Provincial de A Coruña los ha condenado a cada uno de ellos, que tienen antecedentes aunque no son computables en este caso, a una pena de dos años de prisión. Sin embargo, como explicó el abogado Óscar Rodríguez, que junto a su compañero de despacho Felipe Mayán defendieron a Daniel, no tendrán que ingresar después de que llegasen a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
La sentencia da por probado que en los meses de noviembre y diciembre del año 2012 Martínez Fernández, alias Dani Jamallos, y Da Silva, también conocida como Carol, se dedicaban al menudeo de droga en Fisterra. De hecho, en el registro que hizo la Guardia Civil de su vivienda, en el lugar de Escaselas el 28 de diciembre, les encontraron distintas cantidades de cocaína y heroína por valor de más de 2.000 euros, además de una báscula de precisión, diversos envases y medicamentos que les incriminaron en esta actividad delictiva.
También el mismo día, los agentes entraron en la casa del otro implicado, Paredes Insua, alias Víctor de Cuyu, en la calle Atalaya de Fisterra y le encontraron una piedra de 11,6 gramos de heroína y 16 pajitas de 1,5 micras de la misma sustancia que tenía un índice de pureza del 16,26 %. Unos estupefacientes que, según el texto de la sala de lo Penal, presidida por Ángel María Judel Prieto, le eran suministrados por los otros dos denunciados para proceder a su distribución.
En base a todas esas pruebas y después de aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, los magistrados los condenaron a cada uno de ellos a una pena de dos años de prisión y al pago de 1.275 euros de multa. En el caso de la ciudadana brasileña, que se encontraba residiendo en España de manera irregular desde hacía tiempo, la pena se le conmuta por la expulsión del territorio nacional por un período de cinco años.