Hay sillones de alcaldía que dan gusto cogerlos y otros que se convierten en un marrón de impredecibles consecuencias. Dentro de este último abanico se encuentra el del Concello de Coristanco, donde algunas disputas políticas, y no políticas, se dirimen en los juzgados. Y ya van cuatro años en los que el Ayuntamiento coristanqués es más conocido por sus penurias que por sus grandes activos y atractivos como A Festa da Pataca, A Pontedona o el refugio de Verdes.
Por los juzgados números 1 y 2 de Carballo ya pasaron una ristra de políticos. Todo arrancó con una querella de un empresario en julio del 2013 contra el exalcalde Antonio Pensado Plágaro, que acabó con la intervención de la Guardia Civil en las oficinas municipales y el exmandatario investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Una causa que, por cierto, ha salpicado a otros ocho integrantes del PP que dirigieron el Concello entre los años 2007 y 2011. Además, Antonio Pensado Plágaro tuvo que hacer frente a una denuncia por acoso laboral, interpuesta por la secretaria municipal, María del Carmen Seoane Bouzas, cuyas diligencias fueron archivadas recientemente.
También está judicializado el proceso de selección, por concurso de méritos, de la plaza de aparejador municipal, que supuso la anulación del procedimiento por parte del TSXG, el despido del funcionario que logró el puesto a través de un concurso oposición y que deja en el aire el futuro de 250 expedientes urbanísticos y pone en peligro otros cien ya aprobados.
Por si fuera poco, el Concello acaba de paralizar, mediante un decreto remitido ya al juzgado, las obras y la actividad que la empresa Gesmaga, perteneciente al grupo Construcciones Alejandro Martínez e Hijos, por presuntas irregularidades denunciadas por la Plataforma en Defensa da Terra de Coristanco.
Y para redondear este funesto panorama, el Ayuntamiento es noticia por un presunto intento de soborno a la edila de Terra Galega Laura Tasende Cancela por parte de un empleado municipal, Manuel Lema Seoane. Ambos acudieron este martes a declarar ante el juez. La concejala lo hizo para ratificarse en la denuncia interpuesta hace ahora unos cuatro meses. Conversaciones de WhatsApp y grabaciones incriminarían, según la edila, al trabajador municipal.
Además hay varias empresas de Coristanco con resoluciones judiciales en firme con órdenes de derribo de naves y de hasta un invernadero. Y todo ello con un Concello endeudado hasta las trancas, un gobierno en clara minoría (4 contra 9) y un futuro más negro que el chapapote del Prestige. Y todavía restan dos años para que acabe el mandato.