Las principales causas penales de la comarca se eternizan en los juzgados
CORCUBIÓN
La Orquesta, el caso Maceiras o la supuesta estafa de Laxe siguen sin resolverse
05 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Con el Prestige todavía fresco en la memoria colectiva, como el mayor ejemplo en la historia negra de las dilaciones judiciales en la Costa da Morte, hay actualmente otro puñado de causas penales abiertas en la zona, declaradas complejas con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que van camino de seguir la misma senda ya que acumulan años de instrucción sin que se hayan fijado todavía fechas para los presumibles juicios orales.
Dos de los más significativos, sobre los que Fiscalía Provincial de A Coruña confirmó esta misma semana que todavía no hay escritos de acusación ni previsión sobre cuando se van a formular, son la conocida como operación Orquesta, de supuesta corrupción política, y el caso Maceiras, en el que se investiga un presunto fraude de subvenciones.
En el primero de ellos, por el que están imputados el alcalde de Cee y los exregidores de Fisterra, Corcubión y Mazaricos, junto con funcionarios, técnicos y empresarios, saltó a las portadas de los medios estatales antes de las elecciones municipales del 2011, sobre todo a raíz de las llamativas entradas de la Policía Nacional en los ayuntamientos y la detención de los primeros ediles. Desde entonces, la causa iniciada por el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro, ahora encargado del caso Alvia en Santiago y que ha recibido críticas de todos los colores por parte de los imputados. Después de numerosos recursos, idas y venidas a la Audiencia Provincial, ha quedado dividida en cuatro piezas separadas, tres de las cuáles siguen en Corcubión, mientras que la de Mazaricos fue traslada a Muros. Sin embargo, desde que la jueza Ana María Souto tomó esa decisión han pasado ya ocho meses, sin que aparentemente no quede más que instruir y sin que se formule el citado escrito de acusación.
El otro de los asuntos, que mantenía imputados a decenas de funcionarios, trabajadores bancarios y empresarios, finalmente ha quedado circunscrito al industrial vimiancés Manuel Maceiras Hermida y su entorno, al margen de que de esa investigación sobre replantaciones forestales supuestamente irregulares, se derivasen otros asuntos relacionados con las contrataciones de las compañías de Maceiras con la Xunta. En teoría, el grueso de la causa, con miles de folios y numerosas pruebas testificales y periciales está listo desde abril para que el ministerio público y la acusación particular determinen que tipo de delitos cabe atribuirle a los presuntos responsables. Una situación que indigna a muchos de los supuestos perjudicados, que tienen la sensación de que, después de tanto revuelo, no se van a derivar consecuencias judiciales en un plazo de tiempo razonable.
Al margen de estos asuntos y de otros de trasfondo político, como los que afectan a los alcaldes de Camariñas y Vimianzo, destaca la situación del exregidor de Coristanco, Antonio Pensado, y de otros ocho miembros de su junto de gobierno. Un empresario local les presentó en julio del 2013 una querella por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Un año después del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carballo abrió contra ellos diligencias penales, ya pasaron todos a declarar y, cumplidos tres años de la denuncia, la instrucción sigue sin cerrarse.
Ocurre algo similar con la causa contra el laxense José Fermín Simal por un supuesto delito de estafa denunciado en el 2014. Con 159 afectados y 3,9 millones de euros presuntamente estafados, que el imputado rebaja a 1,47 millones sobre los que solo admite «irregularidades contables», ya hubo hasta tres tomas de declaraciones. Simal testificó repetidamente en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Carballo y lo último que ha trascendido del asunto es que se encuentra pendiente de pruebas periciales.
En conjunto, todas estas causas alimentan la sensación generalizada de que la justicia, sino llega a tiempo, no lo es tal.