La ley del año pasado que obliga a abrirlo al público cuatro días al mes no se respeta
09 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El castillo del Príncipe de A Ameixenda (Cee) genera interés, como quedó demostrado en la conferencia que ofreció sobre él el historiador Víctor Castiñeira el pasado día 17 a la que asistieron un centenar de personas. Sin embargo, ninguna de ellas ni los cientos de miles de visitantes que recibe la Costa da Morte cada año pueden verlo más que desde los muros exteriores, porque la ley que obliga a abrirlo al público no su cumple. De ahí que la única opción para disfrutar de la belleza y la historia de la fortaleza, cuya primera piedra se colocó en 1740, sea desembolsar seis millones de euros, 3.158 por metro cuadrado, o 15.381 euros al mes de hipoteca, como especifica el portal inmobiliario en el que está a la venta.
No es la primera vez que sale al mercado, porque ya en el 2006 lo compró un empresario riojano por unos tres millones de euros, aunque en aquel momento se pedían 10 por él. Antes, en el 2001 se ofrecía por 3,6 millones, después de que la subasta anunciada en el Financial Times por 2,7 quedase desierta.
Sin embargo, al margen de la compra, a la que aspiran de una manera poco menos que utópica por parte de la Xunta de Galicia, el verdadero objetivo de la plataforma creada para defender el interés público del castillo es que se cumpla la normativa.
Esta, según glosa el propio Víctor Castiñeira, incluye decretos desde 22 de abril de 1949, que fue cuando se aprobó la protección por el Estado de los castillos españoles, que incluso hacía responsables a los concellos de los daños que pudiesen sufrir.
El 25 de junio de 1985 la Ley de Patrimonio Histórico Español ya regulaba las medidas aplicables a los Bienes de Interés Cultural (BIC), una declaración que le fue otorgada a la fortaleza ceense por una resolución de la Dirección Xeral de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura el 17 de octubre de 1994. La ley autonómica del año siguiente venía a reforzar esa catalogación, pero todas ellas han quedado absorbidas por la Ley do Patrimonio Cultural de Galicia del 4 de mayo del año pasado que establece que en los BIC se permitirá la visita pública un mínimo de cuatro días al mes.
El incumplimiento de la normativa es generalizado
El artículo 48 del título tercero de la Ley do Patrimonio de Galicia, ese que establece las visitas en los BIC durante un mínimo de cuatro horas en otros tantos días se incumple de manera sistemática ya no solo en el caso de A Ameixenda, sino en la generalidad de los bienes con esta declaración en la zona, a excepción, claro está de los que tienen titularidad pública, caso de las Torres do Allo (Zas) y el castillo de Vimianzo. De hecho, en sentido estricto ni siquiera se cumpliría en algunas iglesias que tiene esta consideración, ya que la escasez de sacerdotes y la falta de otros mecanismos que habiliten su visita hace que muchas de ellas pasen cerradas la mayor parte del año.
La Administración tiene herramientas en su mano para obligar a que se respete la ley, como son las multas de entre 300 y 6.000 euros que implica no abrir los días prefijados, pero no es una cuestión que forme parte de las agendas políticas, salvo por acciones sociales como esta.