El Instituto de Desarrollo Comunitario de Cee sirve ahora como escenario de destrozos y para la práctica del botellón
06 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Nació como una manera de contribuir al bienestar social de la localidad y sirvió para dotarla de un servicio del que carecía como la escuela infantil. Sin embargo, en estos momentos el Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia (IDC), más que un ejemplo educativo, es el paradigma de todo lo contrario. El edificio, muy bien dotado, se cae a cachos y, en lugar de como guardería, sirve para que algunos grupos de adolescentes entren en él de manera clandestina a fumar y a hacer botellón, a tenor de los restos encontrados en su interior.
La situación no es nueva, ya que se arrastra desde hace varios años, pero ha empeorado en los últimos días: de hecho, ahora mismo, el cristal de la puerta de entrada está roto en pedazos y, además de dejar parcialmente abierto el inmueble, constituye un peligro añadido para los jóvenes que se cuelan dentro, algo que habitualmente hacían a través de las ventanas posteriores.
Al margen de ejemplificar lo peor en lo que a ocio juvenil se refiere, también sirve para ilustrar los aspectos más negativos del funcionamiento administrativo. Nadie parece tener una responsabilidad efectiva sobre las instalaciones que, en lugar de cumplir con su cometido, se deterioran día a día hasta el punto de que buena parte de sus dotaciones estarán inservibles en cuanto se quiera echar mano de ellas.
A quién reclamar
El propio alcalde ceense, Ramón Vigo, al igual que ya hizo antes su antecesora Zaira Rodríguez, reconoce que no sabe muy bien a quién reclamar. La asociación que lo gestionaba quebró y fue objeto de un concurso de acreedores, declarado como «culpable», por lo que las entonces cabezas visibles de la entidad fueron inhabilitadas. María del Carmen Furelos, que era la interlocutora que tenía el Concello cuando el IDC funcionaba, durante tres años, y el empresario Juan Fernando Martínez, durante dos. El motivo era una deuda de 19.000 euros con las trabajadoras, que posteriormente fue subsanada y que les permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ya que pedía para ellos diez años de inhabilitación.
El juez los mantuvo en los cargos que ocupaban, pero el IDC, que dependía en gran medida de las ayudas europeas, nunca fue reflotado y hoy va camino de la ruina en un ejemplo que, salvando las distancias, guarda paralelismos con la asociación Neria. Los fondos dejaron de llegar, se acumularon las deudas y todo ello dio incluso lugar a un largo conflicto para los padres que vieron como se quedaban sin el servicio. Entre tanto, la Policía Local ya tuvo que acudir varias veces en respuesta a avisos por la presencia de jóvenes de botellón en la entrada e incluso, en una ocasión, los agentes se vieron obligados a entrar por la fuerza debido a una rotura del agua.