Los ediles ven una vulneración grave de las normas laborales fijadas
15 abr 2015 . Actualizado a las 12:00 h.El pleno de Cee aprobó ayer por unanimidad, tal como habían hecho ya antes los grupos en comisión, sancionar a Aquacenit S. L., la empresa concesionaria de la piscina municipal por «incumprir de forma grave ou reiterada as normas laborais e de seguridade social aplicables ou o convenio colectivo», tal como recoge el pliego de condiciones del contrato en vigor.
La sanción a imponer por esta infracción tipificada como «moi grave» implica una multa que de 1501 a 3.000 euros y que permite incluso que se resuelva la concesión. Y esto es precisamente con lo que amenazaron sin ambigüedades la práctica totalidad de los grupos de la oposición: o la compañía cumple lo pactado y restituye las condiciones al personal o dentro de 15 días, cuando se cumpla el plazo dado para ello, pretenden acordar el rescate o el secuestro de la concesión.
El más claro al respecto fue el concejal del BNG, Serxio Domínguez, que ya se había encargado de poner este asunto sobre la mesa y lleva muchas semanas criticando la pasividad del gobierno municipal. «Oxalá isto se solucionase mañá, pero precisamente hai unha asemblea para revogar ao delegado de persoal lexitimamente elixido. Así que se a empresa tivese algunha intención de arranxar as cousas podía empezar por dar ese paso e que todo volvese á normalidade», afirmó, antes de apuntar ese ultimátum de que si en 15 días Aquacenit no rectifica el Concello debe adoptar «a solución máis drástica».
Una revocación del representante sindical, Alejandro Pérez, que el mismo, otros compañeros, la CIG y el propio BNG ven como la antesala de su despido, pero que la alcaldesa, Zaira Rodríguez, quiso puntualizar. «É unha iniciativa dos traballadores, entendo», señaló. Algo que Domínguez y algunos trabajadores desde la bancada negaron, porque lo ven como presiones y manipulaciones de la empresa a los empleados para deshacerse de una persona incómoda.
Por su parte, el portavoz de IxCee, Ramón Vigo, destacó que, a su juicio, «aquí estase utilizando aos traballadores para resolver non sei que cuestión». Incidió que, aunque a nivel de registro no se haya constatado el cambio de propiedad este puede existir mediante un contrato privado. En cualquier caso, advirtió a la empresa de que «a sombra do rescate segue aí» y destacó que «o Concello non pode permitir un acoso aos traballadores» y menos si ejercen en unas instalaciones públicas.
En la mima línea, el edil no adscrito, Plácido García, señaló que el Ayuntamiento «debe actuar con dureza» y que no puede tolerar ese citado acoso «baixo ningún concepto».
Mientras, Daniel Oca, al igual que ya habían hecho antes sus compañeros pidió que se aplique «a máxima sanción» y puso el acento en que la empresa «non mostra vontade» de atenerse a las normas, pese a los expedientes en su contra de la Inspección de Traballo, con lo que también cree que tendrán que aplicar la solución drástica.