Hace unos días, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicaba un dato que da mucho que pensar. El salario medio de los españoles es de 1.881 euros brutos al mes. No tendría que ser un mal dato, tal cual están los tiempos, pero lo es. Y mucho.
La media de lo que cobra un trabajador del sector privado es de 1.710 euros, en tanto que en el público obtiene 2.544 euros. No es extraño que todo el mundo quiera estar en el otro lado, en el de los que administran. No solo se cobra mucho más sino que, además, se trabaja menos y con mucha mayor seguridad. La empresa pública raramente va a la quiebra.
Cuando llega el típico contribuyente maleducado y le dice al celador, al médico o al maestro que lo atienda bien porque le paga el sueldo lo que realmente quiere es estar en su lugar porque es muy probable que por un trabajo similar cobre la mitad o menos.
La cuestión es que todo el mundo quiere ser funcionario (y con razón) y que para contentar a buena parte de los votantes (que un día pueden trabajar para la pública) es necesario montar un sistema burocrático complicado, que precise de mucha gente para hacer poco.
La Xunta acaba de anunciar que agilizará la concesión de licencia para las nuevas grandes áreas comerciales y lo más curioso es que lo hará sin cambiar los requisitos. Lo único que hará es reducir la carga burocrática. El por qué no lo ha hecho antes, si era tan sencillo, es un misterio.
Es lo que pasa con el PXOM de Carballo. ¿Para qué es necesario un equipo redactor especializado, una corporación y técnicos particulares presentando alegaciones si Urbanismo quiere controlar hasta la última raya de los planos? ¿No bastaría con controlar que se cumpla la legislación? No, no lo es. Para qué necesitaríamos tanta gente en Urbanismo o en el resto de los departamentos de la Xunta si las cosas fuesen tan sencillas. Para que el sistema sobreviva hay que complicarlas.