La entidad niega que se cometiese un fraude para obtener la subvención de Industria
28 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A los directamente implicados nadie les ha comunicado nada, aunque alguno se lo pudiese oler. De hecho ayer se mostraban sorprendidos de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión los esté investigando por un supuesto fraude de subvenciones en el proyecto del Centro do Coñecemento da Costa da Morte. Pero lo cierto es que este procedimiento judicial, con los alcaldes de Cee y Camariñas, el presidente, el tesorero y el exsecretario de Neria como investigados sale a la luz en un momento crítico para la entidad, que ahora tiene que negociar con Industria -si todavía hay algo que se pueda acordar- con la sombra de la duda sobre las ayudas que este mismo ministerio les concedió.
Básicamente, la Fiscalía Provincial de A Coruña sabe que el proyecto no se llevó a cabo y sospecha que tampoco se cumplían las condiciones para ello. De ahí que lograse que el juzgado abriese diligencias en octubre del año pasado y ahora haya empezado con las citaciones. De momento solo la del actual presidente, Francisco Javier González, que ni siquiera estaba en Neria en el 2010.
El 14 de junio de aquel año, el entonces máximo responsable de Neria, Ramón Vigo, firmó la solicitud de la subvención y el crédito por más de un millón de euros para acondicionar el edificio y desarrollar el proyecto del C3M. El 22 de noviembre se lo concedieron y el 27 de diciembre le ingresaron el dinero, entre el júbilo generalizado porque suponía ser de los pocos elegidos al nivel de todo el Estado. Sin embargo, una de las condiciones del Plan Avanza es que había que tener el inmueble en propiedad o cedido por un mínimo de 25 años y no se escrituró hasta el 2 de marzo del 2011, todavía con el alcalde de Cee como presidente, el regidor de Camariñas de vicepresidente, Antonio Cundíns en la tesorería y Xan García de secretario.
Vigo, a quien la concejala socialista Margarita Lamela ya le había insinuado algo, según dice, asegura que no le consta irregularidad alguna, al igual que Alonso, que tampoco tenía conocimiento del proceso judicial.
Xan García, que también se declara en la misma situación, sí entra en el fondo del asunto y defiende como absolutamente limpia toda la gestión que hicieron sobre este proyecto. Incluso le parece «ben» que la Fiscalía investigue porque, después de todas las inspecciones realizadas, por parte de la Deputación, la Xunta y el propio ministerio; considera que esta es una oportunidad para que «dunha vez por todas as cousas queden claras». De hecho, se ofrece para aportar lo que sea necesario. «Se algo se fixo mal, nin o presidente, nin a permanente, nin a directiva. Asumo eu toda a responsabilidade de explicalo ante a Fiscalía ou quen sexa», afirma García, que detalla como fueron los hechos, según su versión.
Dice el ex secretario de la entidad que tenían la propiedad del inmueble apalabrada antes de pedir las ayudas, que todo se justificó documentalmente y que si la firma llegó un año después fue porque eran tres casas con dueños distintos dentro de la misma familia y eso retrasó las escrituras. En cualquier caso, incide en que todo entró en el plazo que había para justificar el proyecto y que, de no ser porque el banco les dejó colgados con el crédito, hoy el C3M, al que «solo lle falta recebar e pintar por dentro» estaría funcionando.