Cuatro de los clientes que pagaron por adelantado ya han denunciado, pero el dinero no aparece
20 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La noche del 10 de octubre en la N-634, que une Navia con Luarca, un autobús de Alsa atropella a un hombre indocumentado. Los testigos dicen que se arrojó a la calzada y falleció en el acto. Era Gabriel Fernández Martínez, responsable de Laricar, una empresa que nació hace cuatro años en Arteixo y que se había trasladado a Carballo en febrero. Sin embargo, el supuesto gerente no aparece en ningún documento. La única socia y administradora es desde hace dos años Ana María Castiñeira, la que era su pareja. Según abogados a los que consultó la mujer, que intentó poner en marcha un concurso de acreedores, ella figuraba porque él tenía tantas deudas previas que los bancos ya no le fiaban. De hecho, hasta el 2016, el empresario tuvo Santa Cristina Furgo, una compañía también radicada en Arteixo, que dio pérdidas.
La muerte de Gabriel destapó una trama parecida a las estafas piramidales, que incluía además numerosas irregularidades de distinto tipo.
El dinero cobrado por coches que se vendieron a partir del 20 de septiembre ya no fue para comprar vehículos que la empresa adquiría en el extranjero, sobre todo en Alemania. Laricar era una empresa conocida que había dejado muchos clientes satisfechos. Tenían ojeadores que buscaban los coches que se les había encargado y cuando los traían a España los ponían a punto en sus instalaciones.
Algunos dicen que problemas internos hicieron que se perdiera la pista del dinero. Sea como fuere, la persona que figura al frente se declara insolvente. En un intento de solucionar la situación se reunió con algún cliente y le ofreció otro coche, con unas condiciones parecidas, pero no hubo acuerdo finalmente.
En al menos uno de los casos, el turismo, que estaba en Francia, no llegó a ser adquirido y unos días después de que en Carballo pagaran por él unos 15.000 euros, se vendía para Grecia. El contrato de compraventa incluía el número de bastidor, por lo que rastrear el destino de los coches, en manos de otros dueños también europeos, es relativamente fácil.
Ahora nadie quiere ser citado en este caso. Los abogados que vieron a Ana María Castiñeira dicen que no la representan y que solo realizó una consulta puntual y los cuatro afectados que presentaron denuncia tampoco quieren ser identificados. Por las redes sociales y en Google han sido tratados de pardillos por haber adelantado el dinero.
Los afectados temen ahora que los trabajadores o incluso la dueña estén vendiendo coches que habían quedado a empresas de compra-venta de Arteixo o A Coruña para obtener algún dinero, porque su esperanza es conseguir resarcirse en parte de las pérdidas por el mismo procedimiento. De hecho, ayer hubo movimiento en la nave.
La página web de la empresa sigue activa, como si no hubiera pasado nada. De hecho, uno de los afectados se hizo pasar por un futuro comprador el sábado y le dijeron que lo atenderían.
Mientras, la Guardia Civil investiga la extraña muerte de Gabriel Fernández, que se llevó el coche de la hija de su pareja a Asturias. El motivo de ello y la razón por la que no tenía su carné cuando falleció son todavía un misterio.