Hace dos años apareció en La Voz, edición Bergantiños, una fotografía en la que me llamó la atención el escudo franquista que aparece como un estandarte en la fachada de una antigua escuela de Baio. Y esto me hizo recordar el artículo 15 de la llamada Ley de Memoria Histórica, que dictamina que las administraciones públicas deberán tomar medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, además de poder retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no cumplan lo establecido por la ley.
Por eso confié que sería muy fácil para la corporación de Zas gestionar la eliminación del escudo franquista que figura en la fachada del edificio de las antiguas escuelas Agra Regueiro. No obstante, sigue ahí, lo que vale para avergonzarnos y para hacernos pensar a los demócratas. Este escudo en la fachada de las antiguas escuelas, propiedad de una asociación de vecinos, representa una indudable ofensa para los demócratas y los familiares de las víctimas de una dictadura, la franquista, que con determinadas actitudes reaccionarias o indolentes no hay forma de poder dejarla atrás para siempre. Y, es que, unos, representados por un partido político, no son capaces de cortar el cordón umbilical que les une con determinados lastres ideológicos propios del llamado Movimiento Nacional, votando siempre en contra de iniciativas que proponen cumplir la ley. Otros, que se dicen progresistas, en algunos casos se ponen de perfil, como mirando para otro lado a ver si pasan desapercibidos, en una escenificación del disimulo. Mención aparte merece el BNG, un partido que desde el primer minuto asumió el compromiso de erradicar la simbología franquista y de recordar a las víctimas de la sublevación militar y de la dictadura, mucho antes de que por parte del PSOE se aprobase la Ley de Memoria Histórica. Tuvieron, y tienen, para estos casos, además de compromiso, un claro código de conducta.
Por eso me sorprende que el partido con mayoría en el gobierno municipal de Zas, el BNG, siga sin retirarle el título de alcalde honorario a Francisco Franco y aparentemente no haya efectuado gestiones, o, si las hizo, no fructificaron, para eliminar el escudo, teniendo en cuenta, además, que el mandatario parece que medió en la Deputación, en la tiene su asiento como diputado, para la concesión de una subvención para rehabilitar o restaurar el edificio. Y, me extraña también, que la Deputación concediese una subvención para un edificio con simbología franquista y no exigiese previamente retirarla. Esto no casa ni con la ley ni con el homenaje que recientemente ofreció a todos los alcaldes y concejales de la provincia represaliados a partir de julio de 1936.
En fin, que no entiendo cómo los unos y los otros, con sus actuaciones pasivas, incumplen la ley, en una actitud que nos sacude las entrañas, síntoma de una falta de compromiso democrático y una ética de la responsabilidad de los que representan a nuestras instituciones políticas. La asociación vecinal propietaria del inmueble debería saber que en cualquier momento, si alguien presenta un simple escrito al presidente de la Deputación poniéndole en antecedentes, este deberá exigir la eliminación del escudo o, en su caso, el reintegro de la subvención concedida. Probablemente habrá quien considere que somos injustos, y hasta quien quiera rasgarse las vestiduras por esta denuncia pública, pero es cada vez más necesario, después de diez años de aprobada la ley, poner el dedo en la llaga y no andar con paños calientes. Lo políticamente correcto en una democracia es cumplir la ley.