Los partidos tradicionalmente considerados de izquierdas, caso de nacionalistas y socialistas en la Costa da Morte, aunque esas etiquetas habría bastante que matizar, tienen en sus estatutos, documentos fundacionales y líneas políticas básicas la apuesta por el empleo público y por la gestión directa de los servicios, de tal modo que los recursos de todos sirvan para crear puestos de trabajo de calidad, distribuidos con procedimientos limpios y transparentes para fortalecer las economías locales. De hecho, algunos incluso llevaban esas premisas en lugares destacados de los programas con los que se presentaron a las municipales.
Sin embargo -y se observa especialmente en los que no tenían antes responsabilidades de gobierno- llegados al consistorio de turno no hay ni un solo alcalde que haya removido de manera significativa el modelo de las contrataciones y, en lugar de rescatar concesiones privatizadas, que era lo que se suponía, este sistema no ha dejado de ganar terreno en los últimos años. Es más, se ha visto la entrada de empresas en cuestiones como los servicios sociales o simplemente para dotar al Concello de operarios que puedan manejar la maquinaria que tenían aparcada, algo hasta el momento inaudito.
¿Cómo se explica tamaña contradicción?
Las declaraciones de dos regidores, en principio de izquierdas, dan alguna pista: «Por suposto que é máis doado chamar a unha empresa e que che faga o choio», señalaba el dumbriés José Manuel Pequeño, para defender que ellos hacen lo contrario con sus planes de empleo. «Cada vez entendo máis aos alcaldes que externalizan servizos», comentaba el corcubionés Manuel Insua, después de que una sentencia le obligase a reincorporar a una trabajadora únicamente porque en su momento tuvo un contrato de seis meses.
En medio de estas dos apreciaciones están las claves. Por una parte los decretos del Gobierno Rajoy, con el ministro de Hacienda a la cabeza, en su apuesta decidida por meter en cintura a los ayuntamientos han restringido la contratación hasta el punto de que algunos secretarios e interventores municipales pueden interpretar que básico en un Concello es su puesto y poco más. Por otra, en muchos ayuntamientos la instauración del enchufismo consuetudinario ha dado lugar a auténticas castas de trabajadores públicos, que más preparados o menos para sus puestos, siguen tan pendientes de rendir vasallaje a quien los puso ahí que en desarrollar los proyectos políticos de los que ahora están al frente. Si a ello se añade la natural tendencia a la comodidad, se entiende bastante mejor que, al margen de ideologías, el que más y el que menos apueste por aquello que no le da problema.