Temor entre emigrantes en Suiza a las posibles medidas contra extranjeros

En Suiza, donde casi cada mes se vota algo para tratar cuestiones relativas a la propia comuna, el cantón o el país, deciden hoy sobre la iniciativa denominada «Por la expulsión de los extranjeros criminales». La palabra criminal concita el inmediato apoyo, ya que en efecto incluye la deportación del país de personas no suizas (incluso aunque hayan nacido en el país y estén arraigados) que hayan cometido delitos graves, pero también de infracciones administrativas o faltas. Los contrarios a la iniciativa ponen muchos ejemplos. «Incluso un delicto pequeno, como un exceso de velocidade, ou non ter declarada unha axuda do Estado», explica Xosé Abelenda, responsable de construcción

del sindicato Unia en Biel-Seeland, además de responsable de grupo de interés de Migración

Bienne-Cantón de Solothurn y controlador de obras, entre otros cargos, y que estos días ha realizado una intensa campaña en contra de esta iniciativa. El promotor es la UDC, partido populista derechista que tiene el 30 % de los votos en el país, pero los opositores son más: los partidos tradicionales, los consejeros federales, antiguos consejeros federales o la magistratura (perderían el control que ejercen).

La UDC ya había ganado una votación en este sentido hace seis años, pero la ejecución no le gustó. Por eso volvió a la carga, para hacerla más severa, que es lo que se vota hoy. De aprobarse, el cambio legislativo sería tan trascendental que obligaría a cambiar la legislación. Pero tampoco es fácil: es precisa una doble victoria, tanto en votos como en cantones. Hace meses, las encuestas apuntaban hacia la victoria del sí. Entre los partidarios se esgrimían incluso razones para «proteger a las mujeres» de los extranjeros. Pero al entrar en la letra pequeña, todo ha ido cambiando. «Xa hai enquisas que falan de que o 80 % está en contra», explicaba ayer José Antonio Calvo, de Zas, anterior gerente del Centro Galego de Berna y hoy responsable del bar A Nosa Taberna, por el que a diario pasan decenas o centenares de gallegos, la mayor parte de la Costa da Morte. Reconoce que existe el temor, y que es uno de los temas de los que más se habla en el bar. «E preocupa», explica. «Poderían botarte por calquera cousa, por unha tontería», añade.

También se habla, y mucho, en la Asociación de Trabajadores Españoles en Suiza (ATEES), que preside el camariñán Luis Blanco en Delémont, la gran capital de la emigración de la zona en Suiza. «Penso que ganará o non», indica Blanco.

Alfonso Gómez, cormelán, concejal en Ginebra y presidente de Los Verdes en la ciudad, considera que esta iniciativa, si llega a salir adelante, «borra unha parte do Estado de Dereito».

Las leyes saltarían del Parlamento, que es el que puede legislar sobre este tema (y de hecho ya lo hizo, aunque no gustó a la UDC), a un régimen «presidencialista, nos que as leis son aprobadas por referéndums». Pero, además, y en su opinión, va en contra de la Corte Europea de Derechos Humanos: «Poderíase expulsar a un estranxeiro con familia no país, e contra a reagrupación familiar, e mesmo se a súa vida correse perigo no país de orixe». Cita más ejemplos: «Motivos leves como condenas de tráfico, ou falsos datos administrativos», aunque se trate de errores a la hora de cubrir determinados impresos si ha habido un caso anterior. O también «tonterías de adolescente», bravuconadas que pueden salir muy caras si va adelante la iniciativa.

Pero también hay gallegos que están a favor del endurecimiento de la legislación, como reconoce Abelenda, aunque la percepción general es de rechazo. Para Abelenda, lo que se pone a prueba es «a confianza no Estado de Dereito e a democracia suíza».

El próximo mes de junio, por cierto, habrá otra votación llamativa: dar a cada ciudadano 2.200 euros al mes de renta mínima, trabajen o no, y 564 euros a cada niño. El dinero se recaudaría con impuestos.

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