Cuatro años después el caso sigue pendiente de juicio, lo que podría beneficiar penalmente a los presuntos delincuentes
23 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El caso de los asaltos a constructores ocurrido a principios del 2011, por el que fueron detenidos el empresario vimiancés Francisco Regueira Fuentes, su pareja Pamela Negreira García, su socio Álvaro Mourelle Santos y los ciudadanos portugueses Hugo Pedro Oliveira Pinto y Fabio Manuel Pereira Teixeira, podría estar cerca de su resolución.
Fuentes próximas a la investigación aseguran que, cuatro años y medio después, las pesquisas han quedado concluidas y listas para que se dicte auto de apertura de juicio oral. Sin embargo, además de los robos cometidos en la casa del empresario de A Baña, José Manuel Ramos Freita, el 9 de febrero del 2011, y al día siguiente en la de Manuel Antelo Gerpe, en Rosende (Zas), los presuntos delincuentes deberán responder por un intento de secuestro, que se produjo una semana antes, el 1 de febrero de aquel año.
La víctima fue otro constructor de la zona, del que la banda también contaba con abundante información respecto a sus hábitos y su disponibilidad económica.
El empresario fue citado en la urbanización de Feáns (Arteixo) a través de una llamada desde un teléfono móvil portugués, que a la postre se comprobó que también había sido utilizado, de una manera u otra en los restantes casos. Reclamaron su presencia, ya de noche, con la excusa de enseñarle un terreno para llevar a cabo una construcción, pero cuando el afectado llegó a la zona, a través de una pista sin asfaltar y llena de barro se topó con una linterna que le apuntaba directamente a la cara. Cuando su portador la bajó, la víctima pudo comprobar que llevaba un pasamontañas y que tenía el maletero del coche abierto con mantas y cuerdas en su interior.
Se dio la vuelta para huir del lugar, pero otras dos personas también encapuchadas le cortaron el paso. Logró zafarse propinándole sendos codazos y tirándolos al suelo pero lo persiguieron, uno de ellos con una pistola en la mano.
En ese momento pasaba por la carretera un vigilante de seguridad que recogió al afectado en su vehículo y llamaron a la Guardia Civil antes de regresar al lugar de los hechos. Allí el constructor comprobó que una ventanilla de su coche estaba rota, síntoma de que habían tratado de entrar en él para apartarlo porque entorpecía la salida. Como no lo lograron, uno de los laterales del turismo estaba completamente rayado.
Gracias a un minucioso trabajo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se comprobó que las marcas dejadas por el vehículo de los secuestradores frustrados, incluidas las roderas en el barro, se corresponden con el Audi A3 granate, matrícula VA-0781-AG, identificado por varios testigos en los robos de A Baña y Zas, donde los ladrones inmovilizaron con la misma cinta aislante a las mujeres que se encontraban en los domicilios.
Ese Audi, según fuentes de la investigación es propiedad de Francisco Regueira, aunque legalmente está registrado a nombre de su socio Álvaro Mourelle, del que está por ver que tuviese implicación directa en los hechos.
Por otra parte, el teléfono portugués empleado para citar al constructor también fue usado para llamar al empresario de A Baña y existen un sinfín de indicios y pruebas, tales como huellas dactilares tomadas en la casa de Rosende, según explica su dueño, que señalarían de manera contundente a Regueira Fuentes.
Las explicaciones que dieron él y su pareja una vez detenidos sobre la relación mantenida con los portugueses, a los que también se les ha tomado declaración y niegan incluso que estuviesen en España, también se contradicen en diversos aspectos. Igualmente, tampoco coinciden las versiones que dan sobre el uso del citado vehículo y existen tanto distintos seguimientos policiales como testimonios particulares que refuerzan todavía más las tesis de los investigadores.
Ahora, reunidas todas las pruebas y con individualización de los delitos lo que podría contribuir a agravar las penas, está por ver si las dilaciones indebidas beneficiarán o no a los implicados.