Una de las cuestiones polémicas en el sistema económico de mercado en el que nos movemos es la relativa al peso más o menos importante que ha de desempeñar el sector público con respecto al sector privado. Es cierto que cuando se habla de sector público en sentido amplio se incluyen en dicho concepto no solo la maquinaria administrativa propiamente dicha, sino también las empresas públicas. Pero las sucesivas privatizaciones ejecutadas en los últimos veinte años en nuestro país han ido reduciendo de forma significativa el peso empresarial público, de tal forma que hoy en día tiene un carácter más bien residual. Y si ello es así con carácter general, todavía lo es mucho más en Galicia y en las comarcas de la Costa da Morte, porque nos damos cuenta que esa llamada empresa pública es una especie prácticamente extinguida por estas tierras.
Así que finalmente nos quedan solo los concellos. Con respecto a estos últimos, no creo equivocarme si digo que en casi todos los de nuestras comarcas son las administraciones municipales las que vienen a ser las primeras empresas de cada uno de ellos. Y es así ya no solo porque con sus plantillas de funcionarios o de personal fijo ocupan a un número significativo de trabajadores, sino porque en la práctica existen otras muchas actividades que desarrollan esos concellos y que vienen a ser ocupadas por trabajadores eventuales o temporales durante determinados períodos del año, tales como ocurre, entre otras, con las actividades de socorrismo en las playas o las de protección civil.
Y llegados a este extremo del relato la pregunta que surge es obvia: ¿Es bueno o es malo ese papel empresarial de los concellos? De una parte podríamos avanzar que malo no es, porque en una situación de deterioro del empleo tan grave como la actual, cualquier actuación que contribuya a paliarla será bien recibida por todos nosotros. Pero de otra parte, y con los pésimos antecedentes que todos conocemos en relación con esta materia, nos asalta una duda fundada relacionada con la necesaria igualdad de oportunidades que debe existir entre todos los aspirantes a esos puestos de trabajo y que, desgraciadamente, no se respetó o no se respeta en muchos casos.
No cabe duda que en las sociedades avanzadas como aquellas a las que queremos parecernos, el sector público tiene una importancia innegable porque existen actividades demandadas por la población que son de difícil cobertura por la iniciativa privada o se considera que el bien público está más protegido si tales actividades se ejecutan directamente por las administraciones. Pero siendo ello así, una elemental exigencia democrática lleva consigo la de una total limpieza en los procedimientos de acceso de los ciudadanos a los puestos ofertados, con respeto a los principios de mérito y capacidad, así como otra exigencia de calidad, en el sentido de que ese servicio se preste, al menos, con la misma eficiencia que demandaríamos en el caso de que fuera desarrollada por el sector privado.