La Xunta inicia los trámites para cancelar los derechos sobre la mina de Cabana
CABANA DE BERGANTIÑOS
El procedimiento puede durar varios meses
31 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía e Industria, ha iniciado los trámites para la cancelación de los derechos mineros a la multinacional canadiense Edgewater y su filial, Mineira de Corcoesto. Estas empresas pretendían explotar, a cielo abierto, el yacimiento de oro en Cabana. El departamento que dirige Francisco Conde da luz verde a este procedimiento al rechazar los recursos presentados por la multinacional contra la cancelación del proyecto, aprobada en marzo del 2014.
Economía e Industria, tras el análisis de las alegaciones presentadas por la compañía por parte de los servicios técnicos y jurídicos, ha firmado la resolución, que rechaza las medidas solicitadas por la empresa, alegando los mismos motivos que los argumentados en su momento: falta de viabilidad técnica y económica.
Ahora, una vez resulto el informe, la Xunta de Galicia, al amparo de la normativa legal vigente, iniciará en breve el expediente de caducidad de los derechos en favor de Mineira de Corcoesto. Este procedimiento, que se abriré en breves días, se puede prolongar durante algunos meses.
En la Xunta quisieron dejar claro recientemente que fue la propia Administración autonómica la que, a través de la Ley de Medidas, abrió al puerta a la caducidad de los derechos mineros para la posible explotación del yacimiento de oro cabanés y la que ha dado los pasos necesarios para cerrar de forma definitiva y con todas la garantías jurídicas el plan de trabajo de la multinacional canadiense.
Peticiones
En las últimas semanas fueron numerosas las peticiones para que la Administración iniciara este procedimiento. El BNG, mediante una serie de iniciativas parlamentarias, y varias plataformas de la Costa da Morte contrarias a la mina de oro, con escritos solicitando a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas la cancelación de los derechos mineros.
Visto que el proyecto tiene todos los visos de quedar finiquitado, la empresa solo tiene una posible vía de escape: recurrir por la vía judicial a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.