Dentro de esta causa, iniciada a partir de la denuncia interpuesta por la entonces portavoz del PP, Carmen Borbujo, a la que se sumó el Concello de Vimianzo, se han producido ya infinidad de movimientos tanto judiciales como políticos.
Uno de los que más llaman la atención es el remitido por el fiscal del caso, Manuel María Lamas Meilán, al juzgado el pasado 23 de junio. Después, según dice, de analizar todas las actuaciones realizadas, interesa que se sigan las diligencias previas por un supuesto delito de prevaricación contra los cuatro ediles miembros de la junta de gobierno -el alcalde se había autoexcluido debido a que concursaba la empresa de su hermano- y contra el arquitecto municipal.
Por contra, pide el sobreseimiento provisional respecto a los hermanos Rodríguez Lema y el técnico Jaime Casais «toda vez que no resulta debidamente justificada su participación en los hechos».
Un razonamiento que, a la vista de los sucedido, no convenció al juez, aunque podría resultar determinante a la hora de ver qué personas se sientan o no en el banquillo en el hipotético juicio oral.
Mapfre, responsable civil
Además del mantenimiento de las imputaciones, el juez también ha decretado la condición de la aseguradora Mapfre como «responsable civil directa» en virtud de la póliza suscrita con el Concello de Vimianzo para la cobertura de la actividad profesional de sus técnicos.