El recurso contra el acuerdo plenario que anuló su plaza fue desestimado
02 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por el arquitecto técnico municipal de Corcubión, José Baliña Romero, contra el acuerdo plenario del 15 de febrero del 2012 en el que se aprobaban los presupuestos de aquel año y también la relación de personal en la que su plaza quedó amortizada y él en situación de excedencia forzosa.
En consecuencia, y a expensas de que pueda ejercer un nuevo recurso de casación, del que en el Concello aún no tienen conocimiento, el funcionario seguirá cobrando parte de su salario sin mantener relación laboral alguna con el Ayuntamiento.
Los magistrados, presididos por Fernando Seoane Pesqueira, no entran a valorar si el puesto del aparejador estuvo bien o mal anulado y se basan en una cuestión formal para emitir su veredicto. Argumentan que el pleno adoptó un acuerdo de aprobación inicial el citado día 15, que se hizo oficial con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 24 del mismo mes. Entonces se abrió el preceptivo plazo de 15 días para presentar alegaciones, que fueron ejercitadas por la portavoz del Partido Popular, el representante sindical del personal laboral del Concello y el responsable local de la CIG.
Un nuevo pleno, el del 11 de abril de aquel año, rechazó el conjunto de las alegaciones y el arquitecto, que ya había interpuesto el recurso contra la aprobación inicial no hizo ampliación alguna del mismo.
El TSXG determina ahora en esta sentencia, en base a la Ley Reguladora de Haciendas Locales y a distinta jurisprudencia que «no se pueden impugnar actos administrativos provisionales. Además, le impone las costas al recurrente.
Las desavenencias entre el trabajador y el gobierno municipal no son un asunto nuevo e incluso han dado lugar a la presentación de otras denuncias de diversa índole. Sin embargo, fue en febrero del 2012 cuando se concretaron las decisiones políticas que ahora dan por buenas los magistrados del Contencioso.
El alcalde, Francisco Javier Lema y sus compañeros del PSOE, que han sido objeto de numerosas críticas a este respecto, especialmente por parte del Partido Popular, entendieron que contar con un arquitecto técnico en el Concello, y más en estas condiciones, prácticamente no resolvía ninguna de las necesidades municipales y, por contra, suponía una carga importante sobre los escasos recursos disponibles.
Tal como recordó ayer el regidor, aunque en otros municipios lo sigan haciendo, hay numerosas licencias de obra que solo pueden ser informadas por un arquitecto superior. En caso contrario podría darse que una reclamación de un particular derivase en prevaricación por parte del responsable público que concediese o denegase dicho permiso, en base al informe de un técnico «sen a categoría debida».
En base a ello, decretaron la excedencia forzosa del profesional que se mantendrá de manera indefinida, a no ser que un juez decida lo contrario, hasta que el Concello decida crear una plaza de las mismas características que la amortizada. Entre tanto, Baliña Romero percibe una parte de su salario que, según Lema, supone «entre o 35 e o 40 %» de lo que le costaría al Ayuntamiento si estuviese trabajando.
El servicio municipal, ante las restricciones del Gobierno a la contratación de personal, ahora se desempeña fundamentalmente por medio del arquitecto encargado del casco histórico, que también hace mediante contratos otros trabajos para el Ayuntamiento.