El arquitecto municipal de Vimianzo, Julio Vázquez Rodríguez, inició ayer el cumplimiento los cuatro años de suspensión de empleo y sueldo impuestos como consecuencia de un expediente disciplinario, que lo señala como responsable de distintas incompatibilidades e irregularidades en el desempeño de su función.
Lo hizo después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de A Coruña desestimase el pasado día 26 su petición para suspender cautelarmente la aplicación del expediente. Y tras la resolución firmada ayer por la segunda teniente de alcalde de la localidad, María José Ramos, firmase ayer una resolución de la Alcaldía en la que la conminaba a dejar las llaves de su despacho en el registro al término de la jornada laboral.
El dictamen judicial se basa en la imposibilidad que manifiesta la sala para pronunciarse «sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal». Lo que, en otras palabras, significa que para aceptar las medidas cautelares debería determinar si el expediente administrativo se ajusta o no a derecho, algo que «excede los límites de este juicio limitado».
En su valoración, el juez explica que debe contraponer los intereses del recurrente con el general. Los perjuicios para Vázquez Rodríguez son «indudables», pero la afectación al interés público también lo sería «dadas las graves imputaciones efectuadas en el curso del expediente disciplinario». De ahí que decida rechazar la suspensión de medidas e imponer las costas judiciales al funcionario.
A este respecto, el alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, reiteró ayer en Radio Voz que el citado expediente se resolvió con arreglo a las máximas garantías y, de hecho, fue instruido por un funcionario, con la debida responsabilidad, que está fuera de toda duda porque, además, presta servicio en un concello gobernado por el Partido Popular.
Añadió que esta instrucción demostró «unha práctica reiterada de traballos profesionais sen ter compatibilidade» o el hecho de que Vázquez «outorgase licenzas a clientes seus no Concello de Vimianzo», algo que también le estaba expresamente prohibido. Con lo que, a su juicio, la sanción «que ademais é a mínima que contempla a lei, non á máxima», está más que justificada.
El CSIF denuncia «escarnio»
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (C-SIF) esta resolución de la Alcaldía no es más que la aplicación del rodillo por parte del gobierno municipal de Vimianzo que deja al trabajador «sen opción de defensa» y, además, en caso de que la resolución judicial le sea favorable «difícilmente despois se poderá repoñer o dano».
Critican que los responsables del Concello, después de recibir el auto judicial el día 29 se apresurasen a dictar la ejecución del expediente ayer, cuando la vista de este proceso está dictada para el próximo jueves día 16. Consideran los sindicalistas que no tiene otro objetivo que el «escarnio público da figurado do traballador» como ya se hizo otras veces.