Fuentes de la CIG confirmaron ayer que los sindicatos vascos LAB, ESK y ELA han impugnado el acuerdo al que llegó el comité de empresa de Celsa Atlántic en A Laracha con la dirección con respecto al convenio. Ahora un juez tendrá que ver si la negociación para esquivar el ERE temporal es completamente legal o los representantes de los trabajadores de la factoría de Álava tienen razón.
Al pacto se llegó el 23 de julio tras mes y medio de duras negociaciones. Finalmente los laracheses accedieron a reducir la plantilla en 23 personas por distintos medios, como la prejubilación, el traslado a otra planta o la excedencia. Todavía quedan algunas decisiones que tomar, pero si el convenio sigue adelante los términos del acuerdo se empezarán a aplicar el 1 de octubre y tendrán una duración de dos años. El acuerdo es también para las plantas de Vitoria y Urbina.