El Concello de Cabana ha iniciado los trámites para realizar una modificación puntual del plan xeral de ordenación municipal (PXOM) con el objetivo de legalizar las instalaciones de la empresa Aplicaciones Plásticas Gallegas (Apligasa), que se ubican en el lugar de Ponteceso de Cabana (Cesullas). Sobre esta nave pesa una sentencia en firme de derribo, ya que una parte de la construcción está hecha en suelo con la calificación de rústico común y la otra, de núcleo rural, competencia del Ayuntamiento.

El documento, de 33 páginas, se encuentra en fase de aprobación inicial por parte de la Consellería de Medio Ambiente. El objetivo es convertir este ámbito territorial en suelo urbanizable y adaptarlo al nuevo modelo urbanístico del municipio.

Desde el Concello de Cabana, a instancias de la empresa, se justifica esta modificación puntual del plan xeral en que se trata de «regularizar urbanísticamente este solo, permitindo así o desenvolvemento e crecemento desta empresa adicada á fabricación de produtos acabados de carpintería de PVC e aluminio». Según el informe remitido al departamento de Agustín Hernández, «está sobradamente xustificado o interese social desta modificación puntual do PXOM», basando su defensa en los cambios producidos en la ley gallega de suelo, la última con fecha del 25 de marzo del 2010, y en la que se amplían los requisitos de asentamientos industriales «como o que nos ocupa», y que surgieron al margen del planeamiento urbanístico «para proceder a súa regularización».

En este documento de inicio de evaluación ambiental, el Concello defiende el cambio de calificación de los terrenos de Apligasa al entender «que os actuais están clasificados como solo de núcleo rural na parte onde se ubica a actividade, e rústico común no resto da parcela, polo que os seus valores agrícolas, paisaxísticos, etc, non están considerados de especial protección no planeamento vixente».

Más argumentos

A esto se le añade, según el texto, el hecho de que en estas parcelas no existe ninguna actividad relacionada con los valores que pretenden mantener la denominación de suelo rústico, que aconsejara una intervención de los mismos «polo que queda xustificada a perda dos valores determinantes para a súa inclusión de solo no urbanizable».

El alcalde de Cabana, José Muíño Domínguez, explicó ayer que esta tramitación se realizó a través de una solicitud efectuada por la empresa, que es la que remitió toda la documentación solicitada y la que debe asumir los costes burocráticos que se derivan de esta modificación puntual del plan xeral.

La denuncia de un vecino fue la causa del litigio

El litigio que mantiene la dirección de Apligasa con la Justicia arrancó el 13 de abril del 2007. El Concello de Cabana emitía una orden de paralización de las obras a la empresa Apligasa que, por aquel entonces, llevaba a cabo la construcción de una nave industrial en sus instalaciones. La decisión municipal se tomó después de que un vecino presentase una denuncia al entender que las actuaciones eran ilegales. El Ayuntamiento enviaba un técnico al lugar para comprobar si la edificación se ajustaba a las licencias otorgadas. Como resultado de esta inspección, el Concello cabanés detectó que había aspectos que no se ajustaban a los permisos dados, por lo que secretaría remitió, el 24 de abril de ese mismo año, una orden de paralización con el correspondiente expediente.

La denuncia la presentó ante el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, un vecino que tenía una parcela lindante con la de Apligasa. En su momento aseguró que la compañía tenía permiso para levantar un cierre y hacer un aparcamiento y, en lugar de eso, puso en pie una nave de grandes dimensiones sobre suelo rústico.

Por su parte, la versión facilitada en su momento por el propietario de Apligasa, Ramón Rama, difería de la del vecino y alegó «motivos personales». El titular de la compañía hablaba por aquel entonces de una supuesta petición de 300.000 euros por parte del denunciante por hacer la vista gorda a esta ampliación del recinto.