Muchas de las denuncias tramitadas en Barbanza implican a empresas establecidas en el extranjero que desoyen los requerimientos policiales
26 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Con un ordenador y una conexión a Internet puede comprarse de todo, y en cualquier parte del mundo, en cuestión de segundos. El problema es que no en pocas ocasiones los consumidores obtienen gato por liebre. O lo que es lo mismo, realizan una compra, la pagan y, al final, reciben un artículo que nada tiene que ver con lo solicitado o, directamente, nunca llega al domicilio la ansiada adquisición. Esta situación no es ajena a los muchos barbanzanos que, desde que comenzó el año, han presentado numerosas denuncias por estafas en los puestos de la Guardia Civil de la comarca. Lo peor es que la mayoría quedan impunes.
La explicación a este hecho es tan sencilla como injusta. Muchas empresas demandadas son extranjeras y su localización no resulta fácil al desconocerse, en muchos casos, el domicilio fiscal. Además, en el caso de que reciban los requerimientos policiales para conocer su versión de los hechos, dichas firmas no suelen responder. En el caso de la compañía de la Guardia Civil de Noia, a donde se derivan estas denuncias desde cada puesto, los agentes encargados -que pertenecen a la policía judicial- los envían a otras unidades especializadas en delitos tecnológicos. En la mayoría de los casos, estas denuncias acaban cayendo en el olvido por la falta de medios para actuar. En el caso de las denuncias que acaban en los juzgados sucede, en muchas ocasiones, lo mismo, sobre todo si las firmas que estafan a sus clientes son foráneas.
Situación en Ribeira
En Ribeira, donde la Policía Nacional es la encargada de resolver estos delitos, también se dan estafas por Internet, aunque las fuentes consultadas explican que son casos puntuales. La comisaría cuenta con agentes especializados en estas investigaciones, y los funcionarios consultados reconocen que si la empresa denunciada es extranjera se reducen bastante las posibilidades de resolución.
En el caso de que sean compañías españolas no es la primera vez que los vecinos estafados logran que se haga justicia. Eso sí, para eso hay que superar, casi siempre, un farragoso proceso judicial que implica un coste económico.