Piden que se inhabilite a los agentes imputados en la trama del gasóleo

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

NOIA

Además de los agentes de la Guardia Civil y del SVA, están imputados varios empresarios.
Además de los agentes de la Guardia Civil y del SVA, están imputados varios empresarios. Aspa< / span>

Al menos uno de los mandos de la Guardia Civil ya está jubilado

03 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El fiscal que instruye la causa 680/00, una de las investigaciones pioneras en Galicia contra macrofraudes en la comercialización de gasóleo, insta a que los agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera imputados sean apartados del cuerpo y pierdan la condición de funcionarios. En algún caso, la inhabilitación es por un período de tiempo concreto, mientras que en otros, presumiblemente, podría tener carácter indefinido.

Las fuentes consultadas señalaron que desconocían el efecto que esta medida podría tener en algún sospechoso, en el supuesto de que la Audiencia de Pontevedra confirme la penas. Y es que, tras dieciséis años de instrucción, al menos uno de los mandos de la Guardia Civil se ha jubilado o está ya en la reserva.

De cualquier modo, el ministerio público matiza el rol concreto de cada uno de los encausados. Así, para «burlar los controles» de la Agencia Tributaria, la supuesta red contaba con la connivencia de José Carrón, por entonces jefe provincial de Pontevedra del Servicio de Vigilancia Aduanera, y de un agente de la unidad operativa de la ciudad del Lérez. El fiscal considera que eran los que daban los chivatazos de las inspecciones fiscales e, incluso, el primero de ellos llegó a dictar una serie de instrucciones para que estos controles «se acomodaran a sus necesidades, de tal forma que le permitía ocultar las divergencias entre la realidad, la documentación y la contabilidad que presentaba».

Se les pide tres años y medio de prisión por cada uno de los seis delitos contra la Hacienda Pública, «inhabilitación especial para el empleo de funcionario público» y el pago de 61,6 millones de multa. También se les acusa de un séptimo delito -falsedad-, por el que piden cuatro años, 6.840 euros de multa y, de nuevo, inhabilitación, en este caso, durante seis años.

En cuanto a los guardias imputados, estos se encargaban de facilitar a la trama la acreditación de avituallamientos de combustible a buques que nunca se realizaban. Estos agentes, hasta el 1 de enero del 2001, eran los responsables de visar los documentos que confirmaban tales actividades, según mantiene el fiscal.

La causa se dirige, en este caso, contra el que fuera comandante del puerto de Rianxo, Juan Manuel González; un suboficial mayor destinado en Oleiros, Raimundo González; y el jefe de patrulla de Puertos y Costas de Noia, José Martínez, a quien se relaciona con hechos, presuntamente, ocurridos cuando estaba al frente del puesto de Porto do Son.

En el caso de los dos primeros, se piden cuatro años y ocho meses, 6.840 euros de multa e inhabilitación durante seis años por falsedad, mientras que por cada uno de los dos cargos contra Hacienda, tres años y medio, inhabilitación y multas millonarias. En cuanto a José Martínez, además del delito de falsedad, le imputan otros diez contra Hacienda castigados con tres años y cinco meses de cárcel, inhabilitación y 75 millones de euros de multa.