Hacienda exigirá tras el 24-M que al menos 14 alcaldes rebajen su sueldo

Las corporaciones que se constituyan en Galicia tras las municipales del 24 de mayo se encontrarán en varios concellos con un asunto prioritario sobre la mesa: la revisión del sueldo del alcalde. La formación de los nuevos grupos de gobierno coincidirá en junio con el final de la moratoria que el Ministerio de Hacienda estableció en enero del 2014 para aplicar los topes retributivos que fija la reforma local. Aunque en conjunto las nóminas de los regidores gallegos están muy por debajo de esos máximos, que varían según el tramo de población en el que se encuentre cada municipio, medio centenar de regidores superaban los límites salariales cuando se aprobó esa regulación. Muchos ya metieron la tijera a sus sueldos, pero al menos 14 que gobiernan concellos con más de mil vecinos han demorado ese trance.

La Voz

Esos alcaldes que cobran más de lo estipulado optaron por acogerse a la excepción que Hacienda incorporó en la controvertida Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A través de una disposición transitoria, el ministerio abrió una vía para pacificar la relación con el municipalismo, después de la tensa gestación de una norma con la que Rajoy llegó a anunciar que suprimiría 20.538 de los 68.462 cargos electos en los ayuntamientos de España, lo que se llevaría por delante 1.150 de los 3.811 concejales de Galicia. Descartado ese ajuste, y aparcado también el amago de limitar sus sueldos al 0,6 % del presupuesto anual de cada corporación, Hacienda determinó en esa disposición que los regidores de municipios con cuentas saneadas no tendrían que rebajarse la nómina en este mandato.

Ley a la medida de las nóminas

En principio, eran 56 los que superaban los topes retributivos marcados para sus concellos. Ninguno corresponde a las ciudades, ya que sus regidores cobran menos de unos límites que alcanzan los 80.000 euros al año, en los casos de Vigo y A Coruña (tope para los municipios que tienen entre 150.001 y 300.000 vecinos); los 75.000 euros anuales, en Ourense, Santiago, Lugo y Pontevedra (que están en el tramo de población de 75.001 a 150.000 habitantes); y los 65.000, en Ferrol (único ayuntamiento gallego en el tramo de 50.001 a 75.000 vecinos). La mayoría de los alcaldes con nóminas por encima del máximo legal se localiza en los 233 concellos de menos de 10.000 habitantes, con máximos de 40.000 euros brutos para los de 1.000 a 5.000 vecinos, y de 45.000, en los que tienen entre 5.001 y 10.000.

Los 14 concellos de más de 1.000 habitantes cuyos alcaldes cobrarán menos a partir de junio (ya sean los actuales o sus sucesores) son: Vilalba (gobernado ahora por el PP), Xove (PP), A Fonsagrada (PSOE), Outes (PP), A Baña (PP), Cerceda (PSOE), Zas (BNG), Cabana (PP), Dumbría (PSOE), Fisterra (PP), Trazo (PP), As Neves (PP), Mazaricos (PP) y Navia de Suarna (PSOE).

Entre los 24 que se rebajaron el sueldo tras la reforma local están los alcaldes de Burela, José María González Barcia (PP); Ribeira, Manuel Ruiz Rivas (PP); Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP); A Pontenova, Darío Campos (PSOE); Meis, José Luis Pérez (PP); Boiro, Juan José Dieste (PP); Lourenzá, Emma Álvarez (PP); y A Pobra do Caramiñal, Isaac Maceiras (PP). Aunque en la mayoría fueron pequeños ajustes, el regidor de A Pontenova, Darío Campos, tuvo que renunciar a una nómina de 51.000 euros brutos anuales para ceñirse al tope de 40.000. El caso de Celanova es más complejo. Cuando el anterior alcalde, Antonio Mouriño (ahora diputado autonómico del PP), se quedó en minoría, la oposición forzó que se bajara el sueldo. El actual, José Luis Ferro, cobra 33.000 euros brutos al año. Recurrió al contencioso, pero todavía no hay sentencia.

La prueba del algodón de hasta qué punto se adaptó la ley a la realidad salarial está en Dozón. Su alcalde, Adolfo Campos (PP), aprovechó la reforma para subir su sueldo en 9.726 euros brutos, en un pleno celebrado en abril del 2014. Ahora percibe 39.276.

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