S alir a la calle un día de manifestación en Venezuela no debería ser una sentencia de muerte. Eso es lo que ha afirmado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas. Y eso es lo que empieza a ocurrir; el miércoles, tres personas murieron en una jornada en la que el chavismo y la oposición tomaron las calles, un pulso cada vez más peligroso y contundente, con visos de reemplazar el vacío creado por el fin de las iniciativas diplomáticas.
La popularidad del presidente Nicolás Maduro está por los suelos, al decir de las encuestas, la inflación es de tres dígitos y los productos de primera necesidad escasean. Maduro heredó en el 2013 una ideología difusa, el chavismo, pero sin el chavismo ni la autoridad de su fundador. La tarea era titánica y estos cuatro años parecen demostrar que le viene grande, a juzgar por la descomposición económica y un clima social cada vez más enconado que parece deslizarse hacia el abismo.
Elegido en las urnas en el 2013, en plena conmoción por el fallecimiento de Hugo Chaves, Nicolás Maduro trata de imponer una huida hacia delante que sigue gozando, no obstante, de cierto respaldo popular. El chavismo tiene objetivos meritorios en su lucha prioritaria contra la pobreza y la marginación, pero ha creado un monstruo: el clientelismo, los beneficios de un sistema de ayudas incapaz de paliar el desmoronamiento de la economía, tan ligada al precio del petróleo.
Rotos los puentes de diálogo, silenciado el Parlamento y sin muchos amigos en la región, Maduro se niega a aceptar la realidad y, lejos de buscar un diálogo nacional sin condiciones, se atrinchera en palacio y anima a los suyos a aplastar las incipientes manifestaciones de protesta que atribuye a maniobras oscuras de Washington y de los enemigos de la revolución. Ha anunciado la expansión de la milicia en 500.000 miembros. Todos recibirán armas para amedrentar a una población descontenta. Sabe que solo tiene dos salidas civilizadas: convocar elecciones o reanudar el diálogo.