La ley Montoro bloquea la inversión de 6,9 millones ahorrados en los concellos
BARBANZA
Los regidores respaldan las medidas de la Fegamp para cambiar la financiación local
18 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La inmensa mayoría de los concellos de la zona han hecho los deberes y se han apretado el cinturón para lograr que sus gastos no superen los ingresos. Entre todos han conseguido ahorrar una cantidad muy considerable con la que se podrían resolver muchas de las carencias y demandas municipales. Sin embargo, la polémica ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas creada por Cristóbal Montoro impide que se inviertan en obras y servicios esos cerca de siete millones de remanente positivo que han resultado de la gestión local.
De la liquidación del ejercicio del 2015, solo en Muros el resultado fue negativo. Y, entre el resto, el ahorro neto obtenido el año pasado ascendió a 6.946.000 euros. Solo una mínima parte de esta cifra pudo destinarse a inversiones, a través del pago de facturas u otros subterfugios, puesto que la ley de estabilidad presupuestaria impuesta desde el Gobierno central exige que, de haber superávit, la prioridad será la reducción de la deuda que pesa sobre las arcas municipales.
Esta es una medida, aseguran desde los ejecutivos de la comarca, que está lastrando la gestión de los recursos y el desarrollo local. De forma unánime e, independientemente del color político del grupo que tenga el poder, la rechazan, al tiempo que expresan su respaldo al plan para el cambio en el modelo de financiación presentado por la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp). Entre las medidas se propone establecer una barrera de endeudamiento para que el concello que no la alcance pueda usar el superávit para inversiones.
Injusto y discriminatorio
«Los ayuntamientos somos los que estamos aguantando el tipo y hay un trato discriminatorio en el tratamiento del remanente», asegura el teniente de alcalde boirense, el popular Fernando García Diéguez. Su homóloga en Porto do Son se expresa en términos parecidos: «Es una injusticia que nos metan a todos en el mismo saco de la mala gestión. En nuestro caso, no nos interesa amortizar deuda, porque estamos pagando un interés baratísimo».
El concejal de Facenda de Rianxo, el nacionalista Tobías Betanzos, subraya lo «restrictivo» de esta ley. En el caso rianxeiro, por ejemplo, se vieron obligados a dedicar íntegramente la cuantía, casi 48.000 euros, a la amortización de deuda. Y es que ni siquiera en casos como en Mazaricos, con una deuda cero y un período de pago a proveedores de 15 o menos días se hace una excepción.
Desde los concellos insisten en que se sienten las víctimas del modelo Montoro, pues conlleva una grandísima presión sobre la economía local, que no acaba de ver los frutos de tanto esfuerzo.
Blanco común
Al ministro español de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, le han salido muchos enemigos en su propio partido, especialmente entre los grupos que gobiernan, porque sufren en sus pieles las consecuencias. Curiosamente, son los concellos gestionados por el PP los que mejor están haciendo los deberes en lo que al ahorro se refiere y, por tanto, los que menos resultados ven.
Las limitaciones en la contratación de personal tienen en jaque a los ayuntamientos
Al margen del dinero ahorrado que acaba revirtiendo en los bancos, los alcaldes insisten en que las limitaciones en la contratación de personal de la ley Montoro tiene en jaque a la Administración local. De hecho, desde que entró en vigor se han ido sumando vacantes hasta llegar al medio centenar de plazas no cubiertas. «Para min esta é a miña principal preocupación, porque retrasa e condiciona toda a actividade municipal. O feito de que teñamos que destinar a amortizar a débeda o remanente é un mal menor porque ao final son uns cartos que acaban redundando no Concello», indica el alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro.
Con la liquidación del ejercicio del 2016 ya cerrada en algunos concellos, son varios los que siguen en la senda del ahorro. El regidor pobrense calcula que el remanente para este año está entre los 800.000 y los 900.000 euros, de los cuales habría unos 100.000 de libre disposición y una cantidad sin definir para inversiones financieramente sostenibles. El mandatario, como el resto, asegura que se invertirá «todo o que se poida».