Se habla de prudencia a la hora de aplicar el tributo, cuestionado por el Constitucional
22 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia dada a conocer hace unos días que declara inconstitucional la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal, en caso de que no haya habido realmente un aumento, sino una disminución, del valor de la propiedad en cuestión ha abierto múltiples interrogantes. De momento, el fallo del Tribunal Constitucional solo afecta a la norma tributaria foral de Guipúzcoa, pero se da por hecho que acabará aplicándose en todo el país, y en los concellos ya han empezado a hacer cuentas. No es de extrañar porque, en lo que respecta al área barbanzana, este tributo reporta a las arcas públicas un importe anual cercano al millón de euros.
Pese a que el fallo abre la puerta a que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones exigiendo la devolución del dinero pagado indebidamente, en general, los alcaldes de la zona hablan con absoluta tranquilidad de este asunto remarcando que el Constitucional no cuestiona el impuesto en sí, sino que se aplique en aquellos casos en los que no existe un incremento del valor, algo que aseguran que no ocurre en la mayor parte de los expedientes. Además, subrayan que todavía no es de aplicación en Galicia, aunque es cierto que se ha planteado un recurso de anticonstitucionalidad aplicable al conjunto de España.
Pero, por si al final se acabará devolviendo el dinero, ya hay regidores que hablan de prudencia a la hora de reclamar el pago del impuesto. Es el caso del rianxeiro Adolfo Muíños, que se mostraba de acuerdo con la sentencia: «Temos que miralo, pero hai algún expediente que estaba en marcha e, por prudencia, pararemos o proceso á espera dun novo regulamento».
Aún no es posible
Sobre las reclamaciones de la devolución de lo abonado indebidamente, no pueden plantearse puesto que el fallo del Constitucional solo afecta, de momento, a la norma foral, que en ese aspecto concreto es idéntica a la estatal. En este sentido, Muíños entiende que habrá que aguardar a que haya una sentencia definitiva para que esto pueda tener repercusión, si es que la tiene, en las arcas municipales.
Por contra, otros regidores, como el boirense Juan José Dieste, señalan que en su Concello se seguirá aplicando el impuesto de plusvalía municipal como hasta ahora toda vez que el artículo de la ley por el que se rige sigue vigente. A ello añade: «Detrás de todo isto hai un problema de como funciona o mercado inmobiliario».
En el caso boirense, los ingresos por el tributo en cuestión ascendieron el año pasado a la nada desdeñable cifra de 357.000 euros, aunque desde el Concello indicaron que esa cuantía es excepcional y que lo habitual es que se perciban entre 140.000 y 150.000 euros al año. Según los datos recabados, en ayuntamientos como el de Ribeira la cantidad que reportan las plusvalías ronda los 390.000 euros, mientras que el último dato de Noia sitúa la cifra en 119.000 euros. En los demás términos de la zona la recaudación es notablemente inferior, pero en conjunto el total supera los 995.000 euros.
Y eso que en varios concellos de la zona no existe este impuesto. Es el caso de Mazaricos, donde explican que ello supone que desde el registro les pidan un certificado cada vez que algún vecino quiere inscribir un bien, Outes, Lousame y Carnota.
Primero habrá que cambiar la ley que regula el impuesto y luego modificar las ordenanzas
Si se pregunta a los técnicos qué efectos tendrá en las economías locales el fallo del Constitucional, la respuesta es clara, como señalaba el interventor de Boiro: «De ninguna manera, en principio la sentencia está dictada con respecto al derecho foral». Pero, se asume que «lo normal» es que acabe extendiéndose al resto de España y se señala que esta primera resolución marca el camino a seguir en lo que respecta al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Cuando esto se produzca, habrá que dar una serie de pasos para aplicar el dictamen que pasan por la modificación de la legislación y de las ordenanzas municipales.
El tributo de plusvalías aparece articulado en la Ley de Haciendas Locales, y lo primero para cambiarlo será reformular la normativa estatal. A continuación, entrarán en escena los ayuntamientos, que tendrán que modificar sus ordenanzas para ajustarlas al nuevo texto legislativo.