Esta advertencia en tiempo presente y amenaza de futuro incierto la utilizaba a menudo mi abuela como método disuasorio o para forzar mi reflexión antes de actuar. Como eran años mozos, no siempre alcanzaba su propósito y en más de una ocasión me lamenté más tarde por no calcular el alcance de mis obras u omisiones.
Mi abuela se sentiría muy frustrada con la élite política que sufrimos. Basta con ver un día sí otro también como se pagan (pagamos) las consecuencias de su legislar en caliente al amparo de coyunturas específicas o efímeras trascendencias mediáticas. Y si en algo estamos perdiendo los ciudadanos es en libertad y en derechos fundamentales. El binomio crisis-inseguridad se ha llevado por delante una parte importante de la economía de las personas y otro tanto de su libertad. Y no lo digo yo, lo dice la ONU en sesudos informes.
Tenemos un claro ejemplo en la llamada «ley mordaza», una oda a la represión y al estado policial. Esa norma, que nos vendieron para perseguir a malos malísimos y para que estuviésemos más seguros, también se aplica a ciudadanos normales, en plan honrados curritos, para acallar sus críticas u opiniones. Sin ir más lejos, le dices a un policía local que te parece injusto su proceder y gritando te suelta que te subas al coche que te va a meter una «gubernativa» por «faltarle al respeto». Así, sin vaselina. Lo penoso no es que te lo diga, lo realmente espeluznante es que puede hacerlo.
Aprobar normas que afectan a la libertar del individuo es muy peligroso porque después las aplican personas, entre las que siempre habrá una cuota de irresponsables.