El cobro de gastos hipotecarios de la banca dispara las demandas judiciales

La banca española, y sobre todo la gallega atendiendo a lo ocurrido con las cajas antes de su extinción, acumuló grandes beneficios que en muchos casos (incluidos los posteriores rescates de varias entidades) fueron sufragados por la sociedad. A esto hay que añadir que, en los últimos años, se ha creado jurisprudencia que bajó a estas empresas, y a sus dirigentes, del púlpito en el que llevaban décadas asentados. A consecuencia de esos mazazos judiciales son cada vez más los ciudadanos de a pie que no están dispuestos a tolerar más abusos y acaban llevando sus reclamaciones a los juzgados. Fruto de esa situación, en la comarca son numerosos los clientes de diferentes entidades que están llevando a la banca ante la Justicia por el cobro de gastos hipotecarios que tendrían que ser asumidos total o parcialmente por ella.

Las demandas presentadas están inspiradas en una sentencia que puede considerarse precursora y que obliga a una entidad financiera a reintegrar el dinero que le cobró al demandante, que consistió en el abono de las gestiones de notaría, tasación del piso, registro de la propiedad y gestoría, así como lo desembolsado en el impuesto de actos jurídicos documentados. Estos cobros fueron impuestos únicamente al cliente cuando deberían, al menos, haber sido compartidos a la mitad con la entidad que dio luz verde al préstamo. Cabe decir que esos pagos eran derivados de préstamos hipotecarios.

El Tribunal Supremo, a finales del 2015, abogó por devolver lo cobrado de más y en abril del 2016, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra canceló por abusivos los gastos, a excepción de la tasación, los cobros de conservación del inmueble y el relativo al capital pendiente de amortizar. Esta jurisprudencia también rechaza que el prestamista pueda determinar el seguro de vida que debe hacer el cliente. El letrado noiés Francisco Iglesias Gandarela conoce bien el caso, e indica que son muchos vecinos de Noia y su entorno los que están haciendo las consultas necesarias para pasar de las palabras a los hechos a través de nuevas demandas.

Solicitudes de devolución

Otro abogado con años de experiencia es Alberto Muñoz, que tiene actualmente, numerosos asuntos judicializados de clientes que reclaman la reintegración de esos pagos al considerar que, al menos una parte, tiene que ser asumida por las respectivas entidades financieras. Muñoz añade que «los bancos muchas veces no otorgan capacidad de decisión a sus clientes, algo que no deja ser una imposición. Esto, además de a particulares con créditos hipotecarios, afecta en gran medida a autónomos y pequeñas empresas, así como a créditos para la compra de embarcaciones de tamaño pequeño o medio». En la misma situación se encuentra el despacho del ribeirense Antonio Arca.

Una sentencia que da la razón a un cliente gallego origina nuevos procesos

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