Se quejan los políticos con responsabilidades de gobierno de las triquiñuelas y engaños de los ciudadanos a la hora de pagar por los servicios que reciben. Los fraudes se dan en el IBI, recogida de basura, alcantarillado y suministro de agua, fundamentalmente. Incluso se pasan de frenada y meten en el mismo paquete-denuncia algunas exenciones que son legales. Aún así me parece bien. El incumplimiento de esa parte de ciudadanos lo paga el resto.
Pero llegados a este punto les digo que jamás he visto después de una actualización del padrón de servicios o de una campaña de persecución del fraude que ningún ayuntamiento haya bajado el coste de los mismos, a pesar del incremento de la recaudación. Bien al contrario, siguen subiéndolos a diferencia de lo que pasa con los salarios de muchos de sus contribuyentes. Tampoco he visto ninguna reflexión pública sobre las deficiencias de los servicios o debatir con claridad sobre su coste real.
Conviene recordarles que en el recibo, a mayores del importe que algunos vecinos no pagan, también van incluidas las comisiones que dan las empresas adjudicatarias a los políticos (vean las decenas de implicados por doquier), los enchufes en las empresas o plantillas municipales, la mala gestión, el despilfarro en actuaciones innecesarias, su falta de entendimiento para mancomunar servicios y demás resultados de la incompetencia de muchos. Y sobre eso nunca ha habido un político que entonase el mea culpa, salvo que un juez los pille con las manos en la masa. Es más fácil dar lecciones de ética y civismo a los demás. O hablamos de todo o no hablemos de nada.