Algunos regidores califican de «marrón» que la Xunta les obligue a sancionar
12 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Lei do Solo que el Gobierno autonómico sacó adelante en el Parlamento esta misma semana era mirada con recelo desde las Administraciones locales que están inmersas en el proceso de aprobación del plan urbanístico por las posibles consecuencias que podría acarrear en la tramitación de esos documentos. Sin embargo, ese no es el único elemento de inquietud para los alcaldes de la comarca con respecto a la nueva normativa, ya que desde los concellos barbanzanos se cuestionan las sanciones que a partir de ahora estarán obligados a imponer a los propietarios de viviendas sin rematar.
El objetivo de la medida es erradicar elementos tan propios del paisaje gallego como las paredes de ladrillo vista. En este punto, todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar medidas al respecto, pero no todos los regidores están conformes con que sea el concello de turno el responsable de vigilar y sancionar a quienes incumplan la ley. De hecho, hay quien habla de es «un marrón» para los gobiernos locales. De esta opinión es el sonense Luis Oujo, que explica que en muchas ocasiones la razón de que existan viviendas sin rematar responde a las dificultades económicas de los propietarios, que, por tanto, difícilmente podrán hacer frente a las sanciones previstas en la normativa.
«É unha pataca quente para nós, colócanos nunha situación moi comprometida. Nós non podemos multar a alguén que ao mellor non ten nin para comer», señala el regidor popular de Porto do Son. Está de acuerdo en que es necesario atajar los casos de feísmo que se suceden por la comarca, pero aboga por «buscar fórmulas para botarlle unha man a esas persoas que realmente non poden afrontar o gasto da obra. Hai que traballar nesa liña».
Medidas de incentivo
No es el único alcalde barbanzano que apunta en esa dirección. También el rianxeiro Adolfo Muíños cree que, más que sancionar, deben incentivarse las actuaciones para adecuar las viviendas sin rematar.
Muíños no rehúye la responsabilidad de imponer las sanciones que sean precisas, aunque reconoce que no es plato de buen gusto: «Un marrón claro que é, pero alguén se ten que responsabilizar de facer eses remates. O argumento de non querer quedar mal cos veciños non serve». Eso sí, el regidor rianxeiro propone otro tipo de medidas: «É cuestión de darlle prazos á xente e poñer ferramentas e axudas para que iso se leve a cabo, sobre todo nos casos de dificultades económicas. Son máis partidario de incentivar este tipo de actuacións poñendo medios a disposición dos propietarios».
Por su parte, el pobrense Xosé Lois Piñeiro reconoce que la proximidad de los concellos a la ciudadanía «fai que sexa máis fácil actuar», pero también cree que las sanciones deberían imponerse desde un organismo superior de ámbito autonómico.
La aprobación de la nueva Lei do Solo no ha hecho más que devolver a la actualidad un debate del que ya se ha hablado en distintas ocasiones. No en vano, la imposición de multas a los propietarios de viviendas sin rematar ya venía recogida en la legislación anterior, así como la potestad de los ayuntamientos para actuar e imponer sanciones a quienes no cumpliesen la normativa. Sin embargo, como se constata tras hablar con los regidores de la zona, ningún concello ejercía esa facultad, que con la nueva ley pasa a ser una obligación.