El objetivo que persigue la normativa aprobada en materia de accesibilidad es garantizar los derechos de las personas con discapacidad y facilitar su inclusión en la sociedad. Estas son los principales aspectos de la ley actual.
¿Qué ley establece las medidas de accesibilidad?
En realidad, se trata de dos textos. Por un lado está la ley estatal aprobada en diciembre del 2013 y a ella se sumó en el 2014 la autonómica. La segunda bebe de la primera, así que, a grandes rasgos, establecen básicamente las mismas consideraciones.
¿Determinan solo las medidas a adoptar en materia de eliminación de barreras arquitectónicas?
No, las leyes inciden en la accesibilidad universal y tocan aspectos relacionados con el transporte, el acceso a bienes y servicios, el derecho al empleo, a la participación en la vida pública o el acceso a las telecomunicaciones y a la información.
¿Cuáles son los conceptos clave del texto?
La igualdad de oportunidades y la normalización de la situación de las personas con discapacidad. El término normalización se define como el principio en virtud del cual las personas con diversidad funcional deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otro ciudadano.
¿Tienen todos los inmuebles la obligación de adaptarse a la norma?
Lo que dice la normativa es que existe la obligación de realizar «ajustes razonables». A la hora de determinar si las obras necesarias para garantizar la accesibilidad en un inmueble privado son razonables se tendrán en cuenta parámetros como los costes de las medidas a aplicar, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad que no se lleven a cabo y las características de la persona o entidad de debe ponerlas en marcha y sus posibilidades de acceder a ayudas públicas. En este sentido, se establece la obligación de las Administraciones de fomentar estas obras mediante exenciones o subvenciones.