En Noia todavía no saben cuántas actuaciones podrán hacer, mientras que en Muros y Rianxo solo han logrado financiación para catorce
31 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La nueva ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Vivienda han puesto en una situación complicada a las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de la comarca. A pesar de que esta legislación estaba diseñada para regular el período comprendido entre los años 2013 y 2016 no ha sido hasta hace seis meses cuando ha comenzado a aplicarse. En Barbanza existen tres ARI, en Rianxo, Noia y Muros, y en todas ven difícil actuar en las viviendas que en un principio preveían.
En la localidad noiesa todavía están a la espera de que el Ministerio de Fomento les responda tras haber enviado su propuesta a mediados del mes de mayo. En este caso se plantean 15 rehabilitaciones, pero dudan de que puedan materializarse una tercera parte. Por otro lado, en Muros ya han recibido una contestación porque la memoria de actuaciones fue remitida el 17 de abril. En ese documento incluían una decena de casas en las que hacer trabajos de adecuación y se solicitaba una subvención de 110.000 euros. Finalmente solo se podrán acometer siete, contando únicamente con 44.700 euros de financiación, y tampoco son demasiado optimistas en que se ejecuten la totalidad de las obras.
Rianxo no escapa de esta tendencia descendente. En la oficina rianxeira tendrán que conformarse con siete actuaciones, cuando el pasado año la cifra ascendía a 12, y contarán con una cuantía económica similar a la que dispondrá la muradana. Carlos Fernández Coto, arquitecto responsable de la ARI de la localidad, indicó que hasta hace seis meses todavía se regían por la legislación anterior y que en estos momentos «estamos estudando e analizando o que temos que facer e como temos que facelo».
Poco margen de tiempo
En los últimos años, los municipios acudían directamente a la Xunta para firmar el convenio de colaboración. Pasados diez días desde que presentaran la memoria de actuaciones la rúbrica ya estaba estampada. Ahora tienen que aguardar varios meses para recibir una respuesta que, como ha pasado en el caso de Muros, es probable que les haga modificar sus planes, lo cual provoca que se demore el inicio de las obras que se ejecutarán, y que deben de concluir antes de octubre del 2016.
Por otra parte, antaño concellos, Xunta y Estado hacían aportaciones económicas, pero en la actualidad la Administración autonómica ha dejado de colaborar, y la estatal asigna 11.000 euros como máximo por obra.
Las ayudas bajan, pero los gastos por trámites y gestiones se incrementan
El cambio en la normativa trae consigo que las ayudas recibidas sean más bajas y que, además, se incrementen los gastos por los trámites y las gestiones que tienen que realizarse a mayores.
El nuevo escenario que se presenta requerirá que un arquitecto y un aparejador estudien todas las viviendas que se vayan a rehabilitar para emitir un informe con sus conclusiones. Esto solo era una condición indispensable para los municipios con más de 25.000 habitantes, pero ahora tendrá que hacerse en todos los concellos: «Isto supón un gasto extra, porque a eses profesionais hai que pagarlles polo seu traballo», indicó Carlos Fernández Coto.
Las obras que se realizan bajo el amparo de las ARI de la comarca afectan principalmente a casas unifamiliares y desde las oficinas barbanzanas consideran que con el nuevo plan se pretende premiar a quien rehabilite edificios o zonas amplias muy degradadas: «Algo do que aquí carecemos», apuntó Coto.