Costas no puede tirar Hadasa tras perder la batalla con los acreedores

María Hermida
maría hermida RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

La explanada, los anexos y justo la esquina más pegada al mar de la nave principal -una minúscula parte- sí están en dominio público, pero el resto se asientan en terrenos particulares.
La explanada, los anexos y justo la esquina más pegada al mar de la nave principal -una minúscula parte- sí están en dominio público, pero el resto se asientan en terrenos particulares. carmela ?queijeiro< / span>

La Justicia falló que la edificación, salvo una pequeña parte, está en terrenos privados y, por tanto, no deben revertir al dominio público marítimo-terrestre

17 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Llovió, y mucho, desde que Costas del Estado anunció a bombo y platillo que las naves de La Onza de Oro y Hadasa, que aportaban un feísmo considerable al litoral de A Pobra tras zanjar su actividad e irse deteriorando, iban a ser pasto de la piqueta. No solo se hicieron anuncios sucesivos desde, al menos, el 2008. También se consignó dinero en los presupuestos del Estado para las demoliciones, se dieron plazos... Pero pasó el tiempo y las excavadoras únicamente se llevaron por delante la conservera. La harinera sigue en pie. Y, de momento, Costas no podrá tocarle. La Administración perdió su batalla legal con los acreedores -al entrar en quiebra ellos son los que representan a la firma- y no puede derribar la nave. Únicamente podría tocarle a unos anexos y a una mínima esquina de la edificación. Pero, en ningún caso, borrar del mapa la factoría.

Para entender lo ocurrido con Hadasa hay que remontarse, como mínimo, al 2009. Ese año, Costas del Estado dictó una resolución en la que se indicaba que toda la edificación de Hadasa había que entenderla como un conjunto y, por tanto, aunque la mayoría había sido levantada en terrenos privados, debía revertir al dominio público marítimo-terrestre, ya que la concesión había caducado. La Administración, de esta forma, no preveía aportar ni un euro ni por los terrenos y la factoría. Pero los acreedores, que luchan para cobrar sus deudas, pusieron el grito en el cielo.

El acuerdo fallido

Recurrieron primero ante Costas, que no les hizo caso y volvió a resolver en el mismo sentido. Entonces, iniciaron una batalla legal. Pero, paralelamente, intentaron negociar con la Administración. Estuvo a punto de firmarse un acuerdo, incluso el juzgado llegó a autorizar que se vendiese la nave -al haber una quiebra hay que pedir permiso para vender la propiedad-. Costas debía abonar 150.000 euros y asunto resuelto. Pero ni firmó el acuerdo ni los pagó. En su día se echó la culpa a los recortes.

El caso es que todo quedó en manos de la Justicia, que acabó dando la razón a los acreedores. El TSXG estimó su recurso-contencioso administrativo -defendido por el abogado ribeirense Manuel Rodríguez- e indicó que lo único que debe devolver al dominio público marítimo-terrestre es lo que queda dentro de la línea del deslinde, que en la práctica son unos anexos y una pequeña esquina de la nave -que se podría tirar sin afectar al conjunto-. El resto, dice la Justicia, está en terrenos privados. La sentencia es firme desde hace meses. Y Costas no ha contactado aún con los acreedores.

Un mal acuerdo...

Lo dice el refrán y no parece desencaminado. A Costas le hubiese sido mejor llegar a un mal acuerdo con los acreedores de Hadasa que enfrentarse a un pleito. Pero no lo firmó, y acabó perdiendo la batalla legal. Ahora habrá que ver qué ocurre. Y comprobar si la Administración o no se tiene que gastar un buen pellizco -del dinero de todos- en comprar la nave.

Los representantes legales de la firma dicen que ahora la prioridad es vender la nave

Los representantes legales de Hadasa -se denominan síndicos- consideran que actualmente la prioridad es vender la nave. Señalan que esa sería la única forma de recuperar algo de dinero y que los más de 200 acreedores que esperan para cobrar puedan tener una mínima oportunidad de hacerlo. Se quiere vender también maquinaria y se indica que hay material de valor como el que perteneció a la planta de cogeneración. De hecho, parece que pronto se colgarán carteles anunciando la venta.

Lógicamente, Costas debería ser la primera interesada en comprar las instalaciones y poder derribar así un auténtico monumento al feísmo en plena costa. ¿Lo hará? He ahí la cuestión. El caso es que en su día se la vendían con 150.000 euros, porque los acreedores veían negro su futuro, pero ahora, con la batalla legal ganada, quizás el precio cambie. El futuro es incierto.