La nueva directiva de la cofradía solicitó apoyo económico a la Consellería de Mar
01 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.A la espera de realizar un análisis más detallado, los nuevos responsables del pósito de Cabo de Cruz cifran en 100.000 euros la deuda económica «dejada por la anterior dirección» y señalan que «los miembros de la junta general saliente no aprobaron las cuentas presentadas por Carmelo Vidal y Ermitas Pérez. Estos datos fueron trasladados por los cargos electos a responsables de Mar durante una reunión de trabajo. El colectivo, que agradeció la celeridad con que fue recibido por la Xunta y el interés demostrado por la Administración, solicitó apoyo económico de la consellería para reflotar la entidad.
Bancos marisqueros
Otro de los asuntos abordados durante el encuentro, según la información facilitada por la directiva, fue el relativo al «grave estado de abandono en el que se encuentran los bancos marisqueros, en los que no se realizaron labores de regeneración, siembra, que permitieran mejorar su rentabilidad». En este sentido, los responsables transmitieron a la Xunta que la cofradía ha pasado de facturar 3.000.000 euros anuales a tener apenas 1.200.000, que fueron los que se consignaron en la campaña del 2013.
También se habló de la falta de labores de cultivo y regeneración de las zonas productivas, así como de los «constantes conflictos provocados torpemente por la anterior directiva con los trabajadores, especialmente con los vigilantes y asociados, a quienes se les imponían sistemas de turnos o guardias y vigilancias inhumanos». Desde la entidad se comentó a Mar la necesidad de intensificar el control policial para luchar contra el furtivismo. Por su parte, la directiva se compromete a organizar turnos de vigilancia. La cofradía considera que debe tratarse de una labor conjunta.
Dado que varios trabajadores llevan meses sin cobrar se reclamó el apoyo de la Xunta para hacer frente al pago de deudas.
La cofradía tiene previsto continuar la ronda de contactos institucionales y concertar reuniones con la Subdelegación del Gobierno y el Concello de Boiro. El objetivo es conseguir el respaldo necesario para «reflotar una entidad de la que dependen más de 300 familias».