La nueva ley del registro civil alejaría este servicio a Santiago y A Coruña

El PSOE alerta de que el nuevo mapa afectaría a unos 37.000 trámites al año y supondría un beneficio en la zona de 750.000 euros para los registradores

$tituloImg.Gey y Caamaño criticaron ayer la decisión del Gobierno de Rajoy en un desayuno informativo.
Gey y Caamaño criticaron ayer la decisión del Gobierno de Rajoy en un desayuno informativo.

Ribeira / la voz 18/03/2014 07:00 h

Una nueva ley de ámbito nacional amenaza con generar otra polvareda social. Se trata de un texto relacionado directamente con los registros civiles que podría ver la luz a lo largo de la primavera y que podría suponer, además, una reordenación territorial que pasaría por la centralización del servicio, que en el caso de esta comarca lo alejaría hasta las ciudades de Santiago y A Coruña. Esta posibilidad, que en algunos círculos políticos como el socialista ya dan por hecho, no es remota. El PSOE barbanzano asegura que este documento se sacará adelante en poco tiempo: «Puede ser incluso en el próximo Consejo de Ministros», señalaron ayer.

Fueron el coordinador comarcal de este partido, Carlos Gey, y el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño quienes, durante un desayuno informativo en la sede de los socialistas en Boiro, alertaron del riesgo que esta nueva ley tendrá para los vecinos que residen en la comarca. Y es que resulta evidente que no sería lo mismo para un barbanzano desplazarse a Noia o Padrón que a Santiago o A Coruña para realizar cualquier trámite, «nin polo tempo que se inviste nin polo custe que supón», añadió Gey antes de llamar la atención sobre las consecuencias de lo que considera es la privatización del registro civil.

Contexto comarcal

Gey echó mano de datos oficiales de Rianxo en el 2013 para cifrar en 4.000 los expedientes tramitados solo en este municipio en el pasado ejercicio.

Llevando estas cifras al resto de ayuntamientos que forman la comarca de Barbanza, el coordinador comarcal de los socialistas expuso sus conclusiones: «Poderíase estar falando de arredor de 37.000 trámites polos que, cobrando unha media de 20 euros por certificación expedida, estaríamos poñendo nas mans dos rexistradores arredor de 750.000 euros anuais. Un novo beneficio para sectores privilexiados, neste caso o dos rexistradores».

«Acabará sendo un novo imposto contra a cidadanía, que pasará a pagar por actos cotiáns»

Carlos Gey

«Es de suponer que el señor Rajoy como registrador de la propiedad tiene algo que decir al respecto»

Francisco Caamaño

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