Los anuncios hechos por el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no dejan de levantar ampollas entre los abogados. Ayer hubo una reunión de los profesionales que forman parte de este colectivo en el partido judicial de Ribeira, con la delegada del colegio provincial, Fernanda Álvarez, a la cabeza, en la que se mostró el rechazo frontal a las medidas anunciadas por el ministro. Se critican tanto los divorcios y bodas ante notario como la habilitación generalizada del mes de agosto a efectos judiciales. Dicen que ni una cosa ni la otra descongestionarán la Justicia, y que lo que hace falta es que se pongan más medios por parte del Estado.

Por una parte, indican que ni los matrimonios civiles ni los divorcios de mutuo acuerdo colapsan los juzgados. Dicen que lo que realmente causa retrasos son los divorcios por vía contenciosa y las ejecuciones en materia de familia -decisiones que afectan a menores, por ejemplo- y que «a día de hoy no se adoptado la más mínima medida para agilizar este tipo de procesos en los que los alimentos y el bienestar de los menores está en juego y, en consecuencia, se precisa de una ágil y rápida respuesta, hasta la fecha inexistente por falta de medios».

También señalan que la posibilidad anunciada por el ministro de que los notarios puedan autorizar matrimonios y divorcios lo único que va a provocar es que quienes tengan menos recursos y dependan de la justicia gratuita tengan menos derechos que quienes disponen de poner adquisitivo, ya que les estaría vetado el divorcio ante notario por falta de medios. Asimismo, precisan que con esta medida «se trata de favorecer a un colectivo minoritario y privilegiado, como es el del notariado, en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos, al encarecerse la justicia».

El mes de agosto

Los letrados también critican que el ministro quiera habilitar el mes de agosto a efectos judiciales. Señalan que actualmente ya es hábil para ciertos asuntos penales, laborales y civiles. Y que sería absurdo ampliarlo si no se dota a los juzgados de personal pues «salvo que los funcionarios dejen de disfrutar sus vacaciones y trabajen gratuitamente para el Estado, no se puede llevar a la práctica por falta de medios, y menos con los recortes que se vienen anunciando».