Como consecuencia de la municipalización de los servicios básicos, la corporación noiesa aprobó el viernes en pleno la nueva ordenanza fiscal por la que se regulará la tasa por la prestación del suministro de agua, sumideros y saneamientos. La medida salió adelante con los votos a favor del ejecutivo, que defendió que los aumentos aplicados no eran excesivos sino que buscaban gravar más a quienes hacían un consumo excesivo e irracional de líquido. En cambio, el PP se opuso por considerar que el incremento era abusivo, y más en plena crisis económica. El concejal de Facenda, Lino García Novo, aseguró que las tarifas iban a suponer una rebaja para los vecinos que tuvieran un consumo prácticamente nulo. Para los demás, y en función de si gastan poca, mucha o demasiada agua, el edil dijo que las subidas serían de 2, 6 y 9 euros, respectivamente, cada seis meses. También señaló que, con estas tasas, el Concello pasaría a recaudar 460.000 euros frente a los 563.000 que representa el coste del servicio. El portavoz del PP, Antonio Pérez Insua, rebatió esos argumentos y para ello aludió a un estudio hecho por su grupo sobre cómo le iba a afectar la nueva ordenanza a los recibos de un piso, una vivienda unifamiliar y un negocio. Alusión a la crisis «Un goberno que se chama progresista tenta cobrarlle aos cidadáns unha suba media do 35%, e ademais a triquiñuela está en que, consuman ou non, todos os cidadáns van ter que pagar 13 euros fixos por semestre; sería algo insólito neste momento de crise que se lle grave aos veciños con esta porcentaxe desenfreada», objetó Insua. Los populares pidieron que se retirara el punto del orden del día y se ofrecieron a colaborar para elaborar unas nuevas tarifas. El alcalde, Rafael García Guerrero, replicó que ya se le había ofrecido a los ediles de la oposición en comisión que aportaran ideas «e non o fixeron e agora vén cun discurso demagóxico». La propuesta de retirar el asunto no prosperó, ya que PSOE y BNG votaron en contra. Punto limpio El ejecutivo sacó adelante en solitario que la gestión del punto limpio fuese asumida por el Concello, argumentando que permitía un ahorro de 1.800 euros. El PP se abstuvo por entender que no se acreditaba documentalmente que ese modelo fuera más barato, y Lino García replicó que las cifras estaban avaladas técnicamente. Durante el transcurso de la sesión plenaria, Insua responsabilizó al alcalde de no resolver el conflicto policial para tranquilizar a los vecinos tras los robos cometidos y sostuvo que los agentes, parte de los cuales se encontraban entre el público, le trasladaran que la edila de Tráfico había amenazado con abrir expediente a algunos guardias en activo, cosa que Rosana Mariño desmintió. El alcalde contestó que tenía intención de hablar con los policías cuando se dieran de alta, y dio a entender que la investigación para esclarecer los robos estaba próxima a las detenciones. Afectados por la variante portaron pancartas alusivas a las protestas de Guerrero contra la ecoplanta de Sampaio, se taparon la boca con papel y formularon preguntas sobre los derribos de casas y otras afecciones.