La vida con tres hijos, 426 euros al mes y un pie fuera de casa

Se llama Mari Carmen Fernández y lo que hace se antoja un milagro. No precisamente por su actividad profesional, de la que carece desde hace años, sino por algo mucho más básico, fundamental. También más difícil: lograr que su familia salga adelante con 426 euros al mes y muy poca ayuda. La del hombre al que unió su vida se agotó hace mucho tiempo, si alguna vez existió. «Lo tengo denunciado porque no pasa una sola pensión», confiesa la mujer mientras se pregunta cuándo comenzará la cuenta atrás para que la echen, a ella y a sus tres hijos, de su propia casa.

Una hipoteca, suscrita hace diez años, y un préstamo personal, concedido en un momento en el que la mujer, vecina de Vilagarcía, tenía un empleo remunerado y se defendía económicamente, pesan ahora como una losa. Los chavales tienen 17, 16 y 13 años. Con esa ayuda familiar, que es el único dinero que entra en casa, los cálculos de la renta per cápita ponen los pelos de punta. Cada uno de los cuatro miembros de la familia -la madre y sus tres hijos- dispone de 106,5 euros mensuales. Con eso tienen que tirar y hacer frente a todas sus obligaciones. Algo a lo que, evidentemente, no llegan. De ahí la amenaza del desalojo que pende sobre ellos. «A mí por ahora no me han comunicado nada, pero sí al abogado que lleva nuestro caso», señala Mari Carmen, quien asegura haber intentado que desde la entidad financiera, Abanca por más señas, le echasen un cable.

«Lo que les pedí, hace ya varios años, es que unificasen la hipoteca y el préstamo personal para hacerlo todo en un mismo pago y que me diesen más tiempo», subraya. El banco, dice, nunca accedió a ello. «Coincidió con todo el problema de los pisos con los que se habían quedado y con la unión de las cajas», lamenta la mujer, a la que Stop Desahucios trata de ayudar para evitar que su familia se quede en la calle.

Abogados de oficio

«Se encuentran con una ejecución hipotecaria que les podría llevar a perder su vivienda habitual, pero el despacho Sobrido Abogados, de Vilagarcía, les está defendiendo de oficio para conseguir que no se llegue a ejecutar la toma de posesión», explica la organización desde su sede en la comarca de Barbanza. En su lugar, Stop Desahucios plantea la posibilidad de que Abanca les conceda un alquiler social.

Entretanto, la colaboración que la familia recibe procede de la oenegé Amigos de Galicia. «Nos dan un paquete de alimentos», explica la madre, que trata de gestionar una ayuda de emergencia en el Concello de Vilagarcía. «El problema, además del impago para los niños, que lo he llevado incluso al Juzgado de lo Penal, es me quedé sin empleo», añade Mari Carmen. Aquello ocurría seis años atrás, en el 2010. «Todo este tiempo llevo peleando». Desde entonces, no ha vuelto a trabajar. Otro invierno más sin otros ingresos que la corta paga familiar, pero con una diferencia sustancial: el riesgo cierto de perder lo poco que les queda, su vivienda de Fontecarmoa.

crónica una madre separada, al límite en vilagarcía

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