Cambados, Vilanova, Ribadumia, Meis y Catoira abordan concentraciones parcelarias

Bea Costa
bea Costa VILAGARCÍA / LA VOZ

MEIS

Mónica irago

Los procesos se demoran desde hace años y precisan del consenso de miles de propietarios

21 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En el país del minifundismo, la Xunta hace décadas que apostó por las concentraciones parcelarias con el fin de conseguir explotaciones agrarias más viables. Esos procesos no solo permiten crear parcelas más grandes, con la ventaja que ello comporta para aumentar la producción e introducir la mecanización en los sistemas de cultivo; también tienen efectos en la demografía, pues contribuye a fijar población en el rural.

En O Salnés hay actualmente nueves procesos en trámite, en los municipios de Cambados, Vilanova, Meis y Ribadumia, a los que hay que sumar otros dos en Catoira.

Las parcelarias son unos procesos largos, engorrosos y caros. Además de conseguir el consenso de la mayoría de los propietarios afectados, algo que no siempre es fácil, hay mucha burocracia que salvar, lo que provoca demoras de más de quince años hasta que se culminan todos los trámites y se completan las obras. Los recortes presupuestarios aplicados en los peores años de la crisis llevaron a la Xunta a dejar en el cajón numerosos proyectos que ahora se tratan de agilizar. Según los datos aportados por la Xunta, casi el 30 % de las concentraciones que se están desarrollando en Galicia corresponden a la provincia de Pontevedra, 38 de 130, lo que se traduce en 32.636 propietarios, 288.447 fincas, que se convertirán en 30.642 parcelas, sobre una superficie total de 30.903 hectáreas.

Los trámites y obras para llevar adelante este tipo de proyectos corren por cuenta de la Xunta pero son los propietarios los que tienen que ceder los terrenos y aprobar la nueva distribución de las tierras. Para ello, se forman grupos de trabajo en cada una de las zonas afectadas y se abren períodos de información pública y alegaciones, que pueden prolongarse durante años.

El primer paso es realizar los estudios previos, medioambientales, arqueológicos y de viabilidad de la zona, lo que se denomina fase de decreto; posteriormente se aborda el proceso de bases, en el que se clasifican las tierras y se traza la red de caminos; la fase de acuerdo implica el diseño de las nuevas fincas y la asignación a cada uno de los propietarios; la última fase es la denominada «a cata de reorganización», que es cuando se elaboran los planos definitivos y se completa la documentación para la emisión de los nuevos títulos.