La Fiscalía solicita la absolución para los acusados por el caso del «Tragove»

Rosa Estévez
rosa estévez CAMBADOS / LA VOZ

CAMBADOS

La causa penal contra el ex patrón mayor de Cambados llega el martes a la Audiencia

30 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El caso del Tragove sigue coleando. El próximo martes, el ex patrón mayor de Cambados, Benito González, y dos representantes de Astilleros Polináutica SL se sentarán en el banquillo de los acusados para responder del presunto fraude cometido con las subvenciones recibidas para la construcción de un barco auxiliar de acuicultura para el pósito. Una carta juega a favor de los tres acusados: la Fiscalía pide su absolución, al entender que los hechos de los que se les acusa no son constitutivos de delito.

¿Y cuáles son esos hechos? El escrito del Fiscal recuerda que el 27 de marzo del 2009, la cofradía pidió una subvención para la construcción del Tragove. El barco iba a costar 293.507 euros, de los que 176.104 fueron fondos públicos, el 61 % llegados desde Europa. Sin embargo, cuando el caso ya estaba judicializado, un perito judicial declaró que el barco habría costado menos dinero del anunciado: 231.047 euros.

El Fiscal entiende que este caso no se ajusta a un delito de estafa, ya que para ello el beneficiario de la ayuda debe buscar «lucrarse con unos fondos que jamás pensó en destinar a la actividad subvenionada». Y en este caso, el barco se hizo. Podría tratarse, entonces, de un delito de fraude de subvenciones. Pero tampoco. Explica el Fiscal que para poder considerar un delito lo ocurrido en el caso Tragove sería preciso que la cantidad escamoteada a la Administración fuese de más de 120.000 euros, o más de 50.000 euros en el fraude a los presupuestos comunitarios. Y en este caso, argumenta el Fiscal, la diferencia entre el importe presupuestado y el peritado asciende en 62.466, por lo que se queda muy por debajo de las cantidades estipuladas por la ley. Así que el caso Tragove se reduce, según indica el Fiscal, a una infracción administrativa.

Esa infracción administrativa, sin embargo, ha puesto contra las cuerdas a la cofradía de Cambados, que ha tenido que hacer un alarde de diplomacia para evitar el embargo con el que amenazaba Facenda si no abonaba los 104.000 euros cobrados indebidamente por el Tragove.