Los populares piden que se cumpla lo pactado en el 2004 y López reitera que es ilegal
18 ene 2019 . Actualizado a las 21:57 h.Desde perspectivas radicalmente distanciadas, las dos principales fuerzas de la oposición municipal, Partido Popular y Esquerda Unida, cargaron ayer las tintas sobre el PSOE y sobre el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, a raíz del conflicto urbanístico en torno a la vieja factoría de Lantero. Para unos, los conservadores, lo que el Concello debe hacer es cumplir los acuerdos que recoge el documento que el pleno aprobó en octubre del 2004 y no perjudicar a la familia. Para los otros, los esquerdistas, aquel pacto es, sin embargo, nulo de pleno derecho, y exigen a los socialistas que asuman «as responsabilidades derivadas desa anomalía urbanística». En el medio, el anuncio de la antigua compañía cartonera de que presentará un contencioso administrativo para que Ravella incorpore el convenio a la revisión en marcha del planeamiento urbanístico.
Es Elena Suárez, su portavoz municipal, quien asume la ofensiva popular en este caso. La concejala asegura tener la certeza de que en este asunto, «como en muchos otros, el responsable número 1 se llama Alberto Varela». El PP subraya que el conflicto nació con un gobierno socialista, el que comandaba Javier Gago, y que acabará en el juzgado con otro, el actual que lidera Varela Paz. El regidor, sostiene Suárez, «encadena fracasos cada vez que habla del PXOM, y es el colmo que el que fue asesor jurídico de Urbanismo deje este legado». Los conservadores reclaman una salida dialogada, «que cumpla lo previsto en el acuerdo firmado en su día, que no perjudique a la familia y que abandone la postura de desafío constante» que atribuye al gobierno. Por lo demás, los populares creen que vincular los terrenos de Rosalía de Castro con «el solar de O Ramal, en el que ya existe un proyecto para la construcción de un hotel», constituye un despropósito.
Desde el espectro ideológico opuesto, Esquerda Unida considera que el convenio es nulo de pleno derecho. Es más, su portavoz, Jesús López, sostiene que ni siquiera se ajustaba a la legalidad cuando fue diseñado. Lejos de lo que afirma el PP, EU interpreta que el gobierno de Varela ha tratado de «reeditar un documento que non se axusta ás necesidades do casco urbano nin ás indicacións sobre edificabilidade da lei». Y que lo ha hecho «sen falar cos implicados e incorrendo nun agravio comparativo cos demais propietarios de chan». López personaliza en el alcalde «toda a responsabilidade derivada dun convenio que sabe ilegal» y le insta a asumirla sin comprometer al Concello.
La familia propietaria de los terrenos presentará un contencioso contra el Concello
Las condiciones del 2004 apuntaban a unas 600 viviendas
Los terrenos que Lantero posee en la avenida Rosalía de Castro suman 28.000 metros cuadrados. De acuerdo con el convenio, la tercera parte sería cedida al Concello en forma de zonas verdes, espacios públicos y aparcamiento. A cambio, la firma obtenía un índice de edificabilidad de 2,7, que, en función de cómo se desarrollase, podría traducirse en la construcción de unas seiscientas viviendas. Según Ravella, la Xunta advierte que contraviene la ley.
Solo Esquerda Unida se opuso hace quince años a la aprobación del documento
Jueves, 27 de octubre del 2004. Los 21 concejales de Vilagarcía se reúnen en un pleno que resonará con fuerza catorce años y medio más tarde. El gobierno local, liderado por el socialista Javier Gago, somete a aprobación el convenio urbanístico acordado con la familia Lantero, propietaria de la factoría cartonera de Rosalía de Castro y de los 28.000 metros cuadrados de suelo sobre los que se levanta. Cesiones a cambio de edificabilidad y de un uso residencial. Argumenta la empresa que la venta de la parcela contribuirá a financiar su traslado a O Pousadoiro, pero ya desde el primer momento alguien habla de «pelotazo». Es Juan Fajardo, portavoz y entonces solitario concejal de Esquerda Unida, que a la postre será el único miembro de la corporación vilagarciana que vote en contra del documento.
El acuerdo prosperó finalmente con los nueve votos favorables del PSOE y los dos que aportó Independientes por Vilagarcía. Pero en el salón de plenos se sentaban otras dos formaciones. El PP, principal partido de la oposición, buscaba que un porcentaje del desarrollo se destinase a viviendas de protección oficial. Su portavoz, Tomás Fole, temía, además, que se incurriese en un nuevo episodio de feísmo urbanístico. Los conservadores se abstuvieron. Lo mismo que el BNG. Castro Ratón, al igual que Fajardo, planteó la necesidad de que Lantero se comprometiese a mantener su plantilla durante quince años. Gago lo aceptó y la posición de los nacionalistas se movió entonces desde el rechazo hasta la abstención.