La Fiscalía dirigió seis investigaciones contra clubes cannábicos en el 2016
AROUSA
Cuatro de los procedimientos se han traducido en querellas y dos se han archivado
26 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los clubes cannábicos se encuentran en una suerte de limbo legal. Por un lado, como asociaciones están legalmente registradas, y, por otro, el Código Penal específicamente castiga a «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico» de sustancias estupefacientes, entre las que, claro está, se encuentran las plantas de marihuana.
A falta de una legislación propia que regule a este tipo de colectivos, las únicas directrices son las que ha marcado el Supremo en una sentencia de septiembre del 2015. En la resolución se deja claro que «el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción ‘‘a escala reducida’’, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones». Entre las particularidades que citan los magistrados, que el número de personas sea reducido, que se consuma en un recinto cerrado y el producto se destine en exclusiva al consumo individual de los agrupados.
No obstante, el Supremo subraya que no es papel de la jurisprudencia establecer los requisitos que deben cumplir estas asociaciones como si de una licencia administrativa se tratar. En su lugar, abogan por «examinar cada supuesto concreto para indagar si estamos ante una acción más o menos oficializada o institucionalizada al servicio de terceros (aunque se la presente como modelo autogestionario) o, más bien, ante un supuesto de real cultivo o consumo compartido, más o menos informal, pero sin pretensión alguna de convertirse en estructura estable abierta a terceros».
A la vista de esta premisa, a lo largo del pasado año, la Fiscalía de Pontevedra lideró media docena de investigaciones centradas en otros tantos clubes cannábicos de la comarca. Según trascendió, dos de estos procedimientos han sido archivados tras supuestamente verificarse que no se daban los requisitos para hablar de una infracción penal, mientras que los cuatro restantes se han saldado con la interposición de querellas contra las personas que se considera que están detrás de estos colectivos.
En cuanto a las penas a las que se pueden enfrentar, el primer pontevedrés que se sentó en un banquillo por ser responsable de una asociación de estas características fue condenado a un año y tres meses de cárcel, y al pago de casi cuatro mil euros de multa.