Piden a la red de O Mulo multas que suman la cuarta parte de los presupuestos gallegos
AROUSA
El fiscal sostiene que once de los trece acusados deben abonar 2.318 millones de euros en sanciones
23 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Si los presupuestos autonómicos de Galicia ascienden al algo más de nueve mil millones de euros, la multas que el fiscal solicita para Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo, y el resto de acusados que considera que integraban su red suman aproximadamente una cuarta parte de esta cantidad: 2.318 millones de euros.
En el caso de O Mulo, para quien el ministerio público pide nueve años, cuatro meses y quince días de cárcel, se solicitan trescientos millones de euros en multas. Considera que este arousano está situado en la cúspide de este entramado criminal, de tal modo que los restantes diez encausados serían sus subalternos.
Tal visión no fue compartida, ni mucho menos, por los abogados de la defensa. Entre otros argumentos, ayer sostuvieron que «no existe una jerarquía tal y como la entendemos», así como «no hay una organización criminal tal y como establece del Código Penal» español.
De hecho, sostuvieron la tesis de que no se puede hablar de una permanencia en el tiempo, de tal modo que los procesados no habrían continuado colaborando entre sí en otras operaciones.
El fiscal, por su parte, insistió en la existencia de una organización criminal. De este modo, y dejando al margen a O Mulo, establece tres rangos de penas. Por un lado, aquellos encausados que rechazaron confesar la autoría de los hechos por los que, en su día, fueron investigados. En este caso, insta a la Audiencia de Pontevedra a que condene a Gustavo A. C., Fernando B. C. y Fredy Willi C. L. a nueve años y un día de cárcel y multas por importe global de 260 millones de euros por un delito contra la salud pública y a dos años de prisión por organización criminal.
Estas penas se reducen considerablemente hasta los seis años y nueve meses por el primero de los delitos y al año por el segundo en el supuesto de cuatro de los imputados que asumieron su participación en los hechos enjuiciados. Entre estos, se encuentra José Antonio B. P., mano derecha y hombre de confianza de O Mulo; Luis Miguel F. V., mecánico de profesión y fundamental en la puesta a punto de las planeadoras; Fernando Rafael P. R., quien contrató el pesquero Ratonero para que suministrase combustible en alta mar a la planeadora que alijó los 3,5 toneladas de cocaína en el 2008; y José Luis D. D., patrón de este pesquero. En el caso de todos ellos, se piden también 260 millones en multas.
Ya por último, las penas más bajas -dos años y tres meses por narcotráfico y 66 millones en sanciones, y medio año por organización criminal- se solicitan en los casos de José Manuel D. G., José Luis M. G. y Vicente P. S. De ellos, el fiscal incidía en que eran los encargados de buscar embarcaciones que quisieran participar en operaciones de tráfico de estupefacientes.
Las defensas
Como estaba previsto, ayer la mayor parte de las defensas mostraron su oposición a estas penas. Ya no se trata solo de que no consideren que exista el delito de organización criminal, sino que entienden que debía ponderarse como atenuante muy cualificada la demora que ha sufrido este procedimiento.
Insistieron en que la confesión tendría que conllevar una mayor rebaja de las condenadas solicitadas por el fiscal. «No es una colaboración banal, no es subsidiaria», señaló el letrado Víctor Bouzas. «Quizás sin la colaboración de mi cliente no hubiera la confesión de otros encausados».
«Por llevar unos muebles en una furgoneta no se puede intervenir un teléfono móvil»
Si inicialmente trece acusados se sentaron en el banquillo, dos vieron como el fiscal les retiraba los cargos y tres proclamaron su inocencia frente a las imputaciones de la Fiscalía antidroga. Ayer, sus abogados mostraron una estrategia diferente de la que esgrimieron los letrados de los encausados que sí confesaron los hechos.
Al igual que ocurrió en la primera sesión de este juicio, centraron buena parte de su argumentación en tratar de demostrar que se vulneraron derechos fundamentales de sus clientes, al tiempo que remarcaron que no existían pruebas de cargo contra ellos. Así, el representante de Gustavo A. C., de quien el fiscal mantuvo que participó en reuniones y tenía el cometido de vigilar las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en Marín y Vigo, remarcó que se está ante «un claro caso de nulidad (...). Por llevar unos muebles en una furgoneta no se puede intervenir un teléfono móvil».
Furtivismo de la vieira
De igual modo, rechazó que hubiese controlado las lanchas del SVA, «ni hay pruebas de que estuviera». En su lugar, aludió a que realmente vigilaba las lanchas de vigilancia pesquera en el marco del furtivismo de la vieira. «No hay elementos que indique que la tesis de Gustavo sea menos creíble que la del SVA», indicó.