El uso de los pazos provinciales eleva la tensión entre el gobierno de la Diputación y el PP

c. g. b. PONTEVEDRA / LA VOZ

AROUSA

Carmela Silva acusa a Rueda de actuar únicamente como presidente provincial del PP y olvidar su responsabilidad como presidente de la Xunta

19 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La tensión que caracteriza desde el inicio del mandato las relaciones entre el gobierno provincial -en manos del PSOE y el BNG- y el PP se ha disparado en las últimas horas. El pasado viernes fue el anuncio de un acuerdo entre la Xunta y Ence acerca del futuro del Pazo de Lourizán -que la pastera se compromete a rehabilitar con una dotación de cinco millones de euros- la que hizo saltar a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. La máxima responsable del ente provincial no quiso ocultar su enfado por no haber sido informada de los planes de la Consellería de Medio Ambiente por los canales institucionales, y recordó que el complejo patrimonial está cedido a Ejecutivo autonómico solo hasta el 2021.

La temperatura subió ayer un grado cuando el presidente del PP provincial y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convocó una reunión con los diputados populares en el local que el grupo tiene en el Pazo Provincial. La responsable socialista mandó un comunicado urgente a los medios de comunicación calificando de «insólita» la decisión de Rueda, y advirtiendo de que tomaría «medidas inmediatas» contra el «atentado contra os principios de cooperación e lealdade entre institucións, faltando ao respecto aos cidadáns, actuando unicamente como secretario do PP na provincia e esquecéndose, unha vez máis, de que é o vicepresidente da Xunta de Galicia».

Rueda, por su parte, insistió en su invitación a PSOE y BNG a mantener un encuentro en la delegación de la Xunta en la ciudad del Lérez -y no en la sede de la Diputación- con la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y los representantes de Ence.