La Xunta negociará un alquiler social y garantiza que la familia no acabará en la calle
28 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A la familia de Mari Carmen Fernández, la crisis le sigue pasando factura. La mujer, madre de tres hijos, vuelve a estar contra la espada y la pared, después de que Abanca le haya comunicado que no ve viable reestructurar la deuda que arrastra por su piso. Tras seis años de impagos, la cuota de amortización se situaría por encima de los 500 euros, una cantidad que, «atendiendo a los ingresos considerados de la unidad familiar, finalizado el período de carencia, resultaría no viable», según dice el banco.
Ante María Carmen, que cuenta desde hace casi un año con el asesoramiento de Reconduce, un servicio de la Xunta, extiende el banco una posibilidad: la dación en pago de su piso, que iría acompañada por un alquiler social que podría ser en la misma vivienda o, al menos, en la misma localidad.
Desde la Consellería de Servizos Sociais de la Xunta de Galicia explicaron ayer que asesores del programa Reconduce están trabajando con Mari Carmen Fernández desde hace meses, planteando propuestas para reestructurar la deuda que esta mujer arrastra con el banco. «A prioridade da Xunta é que María del Carmen conserve a súa propia vivenda, e nese sentido se está traballando e negociando coa entidade bancaria, de conformidade co establecido no Código de Boas Prácticas e no Protocolo do Programa Reconduce. En todo caso, non quedará sen vivenda», aseguraban ayer desde la Administración autonómica.
Juicios con sus exmaridos
Mari Carmen Fernández, que ansía quedarse en su casa, explicó ayer que buena parte de sus problemas nacen de que sus exmaridos no hacen frente al pago de las pensiones que les corresponden. En ese sentido, informó que uno de ellos ha ido a juicio recientemente para intentar que le recorten la cantidad que debe pasar a su expareja: asegura que no puede aportar más de 150 euros al mes, frente a los 250 que le han sido impuestos por ley.
María del Carmen Fernández, por su parte, reconoce estar recibiendo auxilio tanto de la Xunta como del Concello, del que percibe 171 euros al mes -y así será hasta que se cumpla un año- en concepto de ayudas de emergencia. Además, la mujer ha solicitado en el ayuntamiento todas las bonificaciones a las que tiene derecho dada su precaria situación, ya que sigue sin encontrar empleo.