Las sindicalistas esquivan el ingreso en prisión gracias a la reforma del Código Penal
02 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Más de cinco años después de la huelga en instalaciones deportivas que derivó en la condena de las pontevedresas Tamara Vidal y Ana Outerelo, ambas acaban de despertar de la pesadilla en la que se encontraban tras la condena que implicaría su ingreso en prisión. Y todo gracias, tal y como adelantó La Voz, a la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio.
La nueva redacción del artículo 315.3, por el que fueron condenadas a tres años y un día de cárcel, no solo reduce la pena mínima por este delito a un año y nueve meses -la máxima es ahora de tres años-, sino que, además, deja abierta la posibilidad de que la misma pueda sustituirse por una sanción de carácter económico. Según trascendió ayer, en los últimos meses, los representantes legales de Ana Outerelo y Tamara Vidal habrían solicitado la revisión de las penas impuestas para acomodarlas a la nueva realidad del Código Penal.
Pena mínima
De este modo, según confirmaron fuentes judiciales, se habría accedido a sus requerimientos evitando, de este modo, que ninguna de las pontevedresas tenga que poner un pie en un centro penitenciario. Al cierre de esta edición, no obstante, no había trascendido aún si la resolución de este caso conlleva la imposición de una pena mínima que no conlleve el internamiento en prisión o si la condena inicial, como parece ser la posibilidad más probable, ha sido sustituida por el pago de una multa.
Las dos jóvenes, acusadas de arrojar pintura a unas piscinas públicas en Pontevedra, siempre negaron su implicación en los hechos por los que fueron condenadas.
Un alivio que aún está lejos de satisfacer las pretensiones de las condenadas
Pese a que la reforma del Código Penal ha dado un respiro definitivo a las dos jóvenes pontevedresas, que emprendieron una cruzada para esquivar la cárcel, lo que no parecen haber cambiado son los hechos que, tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia de Pontevedra, han considerado como probados. En este sentido, la sentencia establece que aquel 8 de febrero del 2010, y en el marco de la huelga en instalaciones deportivas, ambas pontevedresas formaban parte de un grupo de trabajadores que se desplazaron hasta la piscina de Pontemuíños. El complejo, en el que estaban ejerciendo sus ocupaciones habituales tres socorristas, un recepcionista y cuatro directivos, estaba abierto.
De acuerdo con la sentencia, Ana y Tamara, «movidas por la intención de obligar a las personas que allí se encontraban trabajando a secundar la huelga», empujaron al gerente y «comenzaron a proferir gritos de ??esquiroles??, al tiempo que arrojaban pintura de color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas y a las gradas». Pese a que esto es lo que consta en las distintas resoluciones judiciales a la que ha tenido acceso La Voz, lo cierto es que las dos jóvenes siempre se han desmarcado de estos hechos y han rechazado de plano cualquier participación en los incidentes reseñados.
Movimiento social
Tal posicionamiento no impidió que les impusieran los tres años y un día de prisión. Esta condena tuvo como contrapartida el nacimiento de un movimiento social sin precedentes en Pontevedra en Internet que consideraba totalmente desproporcionada esta condena. Ya no solo se sucedieron las movilizaciones exigiendo el indulto de las dos pontevedresas, sino que partidos políticos, ayuntamientos o, incluso, el Parlamento gallego aprobaron mociones de apoyo a ambas, mientras que, en la red de redes, la plataforma Change.org ha recabado el apoyo de más de cien mil internautas -en el momento de redactar esta información, un total de 101.144 usuarios habían firmado pidiendo que el Gobierno aplicase la medida de gracia-.
Igualmente, la Fiscalía de Pontevedra o la Audiencia Provincial emitieron informes favorables a la concesión de un indulto que no ha llegado por el momento. Y ello pese a que en varias ocasiones, desde el Ministerio de Justicia se dejó entrever que ambas jóvenes lograrían la medida de gracia por parte del Gobierno.