Lourdes está a la espera de que el banco le conceda la dación en pago; como ella, cada vez más ciudadanos encuentran alternativas al desahucio
26 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.No les pidieron aval porque él gestionaba una empresa de construcción y ganaba alrededor de 3.000 euros al mes. A ella tampoco le faltó nunca empleo. Eran un matrimonio trabajador y responsable que acababa de conseguir la nacionalidad española. Eran educados, jóvenes y tenían dos hijos. Corría el año 2006. Ahora Lourdes espera impaciente a que el banco le autorice la dación en pago de su vivienda. Así, podrá disfrutar de ella durante dos años más pagando únicamente un alquiler mínimo. Hasta que el banco consiga volver a venderla o encuentre cómo deshacerse de ella o sacarle otro tipo de rentabilidad. Lourdes es muy optimista, porque cumple todos los requisitos para que se lo concedan y cree que es la mejor opción para ella y para sus hijos de 14 y 9 años de edad. De hecho, a sus 37 años no tiene un plan B para capear la situación.
Tampoco lo tenía cuando, hace unos dos años, fue a Cruz Roja aconsejada por una amiga. Se había divorciado de su marido, llevaba seis meses en paro y, por tanto, sin pagar la letra del piso. Tenía miedo de que la denunciaran y desahuciaran, y acabar en la calle con sus dos pequeños. Estaba muy preocupada, y así, aprovechando que quería informarse sobre otros programas que imparte la entidad benéfica, encontró al encargado de asesoramiento financiero de la institución solidaria.
Fue él quien, repasando su situación, le aconsejó esta posibilidad, y fue también él quien la acompañó al banco para negociar con sus responsables. «Al no tener garante, el banco no tenía contra quién ir», explica Lourdes que, tras un largo periplo por diferentes instancias, maneja ciertos conceptos hipotecarios con bastante soltura.
Sin garante contra el que ir
No es la única que desconoce las posibilidades que le ofrece la ley actual. La mujer está convencida de que las entidades bancarias son las primeras interesadas en evitar que esta posibilidad se extienda demasiado entre la población. «No lo dicen mucho para que no vaya todo el mundo», asegura.
La de Cruz Roja no es, en realidad, una oficina de información sobre desahucios propiamente dicha. Es, tal como asegura la propia entidad, «un recurso que oferta Cruz Roja en Pontevedra y Vigo para apoyar a las familias que, debido a la situación de crisis actual, no pueden hacer frente a deudas contraídas con entidades financieras. Se les ofrece una orientación e información en la negociación y reestructuración de esta deuda para poder afrontar los pagos».
Jóvenes con pisos nuevos
Sí lo es la que tiene el Concello de Pontevedra en la Casazul, que nació el 17 de diciembre del 2012 gracias a un convenio firmado con el Colexio de Avogados. Lourdes se ajusta milimétricamente al perfil de los usuarios de este servicio gratuito municipal, a cuyo frente se encuentra Patricia González. La mayoría de los vecinos de Pontevedra que se acercan por estas dependencias son matrimonios o personas solas de alrededor de 40 años de edad que llevan aproximadamente desde los 30 pagando las letras de su hipoteca. Suele tratarse en la mayoría de los casos de viviendas normales, con varios dormitorios y bien situadas, más que a infraviviendas.
Al igual que le ocurrió a la joven madre de familia, en el momento de comprar la casa, todas de antes del 2007 o 2008 como muy tarde, los usuarios tenían trabajo. Los dos. Y, al igual que en el caso de Lourdes, casi todos ellos tienen a su cargo hijos pequeños. Y casi todos ellos carecen también de familiares a quienes recurrir, los que tienen no están en condiciones de echarles una mano o, simplemente, no lo hacen por vergüenza.
Una de las señales evidentes de que algo está cambiando es que los usuarios del servicio acuden cada vez antes a recibir asesoramiento, en lugar de esperar a que sea demasiado tarde. Esta tendencia también ha influido en el incremento del número de consultas. Hubo una época en la que los propietarios acudían cuando se encontraban desesperados; ahora, tan pronto prevén que pueden llegar a quedarse sin ingresos fijos, recurren a asesoramiento profesional.
Cada vez antes
Así, desde la apertura de la oficina, en diciembre del 2012, hasta finales del 2013 pasaron por el servicio 47 personas. Solo en el 2014 este número ascendió hasta 64. De ellos, 54 casos ya fueron atendidos y solucionados de alguna forma, mientras otros diez continúan todavía pendientes de que los interesados presenten la documentación necesaria. Una vez en poder de la oficina, González acuerda una cita con uno de los abogados del Colexio de Avogados de Galicia para que puedan concretar la estrategia a seguir.
Precio, ingresos y cargas familiares
De entre las modalidades de dación en pago a las que se puede acoger un propietario de vivienda, se encuentra la formulada en base al Código de Buenas Prácticas. Para que el banco acepte esta petición, el interesado y sus avalistas deben reunir varios requisitos: la hipoteca debe pesar sobre una vivienda única y habitual y el dueño carecer de otros bienes. En segundo lugar, el precio de la vivienda tiene que ser inferior a los 120.000 euros en municipios de hasta 100.000 habitantes, como es el caso de Pontevedra. Los solicitantes deben cobrar, además, menos de 19.000 euros brutos anuales entre todos los miembros de la familia. Tienen que justificar que en los cuatro años previos se ha producido un cambio en las circunstancias económicas de la familia, ser numerosa, monoparental con dos hijos, con un miembro con una discapacidad o dependencia declarada, o con un menor de 3 años. Y deben destinar más del 40% o 50% de los ingresos al pago de la hipoteca.