La entidad se avino a negociar un alquiler social con la mujer que habita la vivienda junto a sus dos pequeños
30 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las gestiones de la plataforma STOP Desahucios Barbanza surtieron efecto y, finalmente, el desahucio previsto ayer al mediodía en Castrelo (Cambados) no se llegó a ejecutar. El Banco Popular accedió a suspender la toma de posesión de la casa situada en la zona de Lourido y se avino a negociar un alquiler social con la mujer que habita en esta vivienda, junto a sus dos hijos de ocho y trece años, según informó José Manuel Pena, el portavoz de la plataforma.
Este informó ayer desconocer el hecho de que la mujer, María del Carmen O. R. está procesada por presunto blanqueo de dinero en la causa que se sigue contra David Pérez Lago. La cambadesa está pendiente de firmar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Pontevedra según el cual aceptaría una condena de un año de prisión y una multa de 416.000 euros.
En declaraciones a este diario el pasado miércoles y según le trasladó a la plataforma, María del Carmen dice carecer de recursos económicos para afrontar el pago de la hipoteca de la casa, que está a nombre de su exmarido, a quien acusa, además de no cumplir con el banco, de no pasarle la pensión para la manutención de los hijos. Según las noticias de que disponía ayer José Manuel Pena, su expareja pasó a ingresarle dinero en su cuenta en las últimas horas.
Pena dijo desconocer la situación legal en la que se encuentra María del Carmen O. R. y la noticia también causó sorpresa en el Concello de Cambados, donde el miércoles, a través de Servizos Sociais, le tramitaron un informe de vulnerabilidad económica que se presentó en el juzgado con el fin de evitar la ejecución del desahucio.
«
Cando nos chega un caso non preguntamos en que situación legal está a persoa. Limitámonos a atender o seu problema
», explicó el portavoz de STOP Desahucios Barbanza.
Ayer no fue posible contactar con la afectada para conocer sus impresiones pero el miércoles no tenía muchas esperanzas de poder seguir viviendo en la casa de Castrelo. De hecho, ya tenía planificado trasladarse a casa de sus padres y le había comunicado el problema a sus hijos. La llamada de José Manuel Pena anunciándole que la petición tramitada ante el banco había surtido efecto y que ayer no tendrían que abandonar la casa le solventa, temporalmente, uno de los frentes que tiene abiertos con la justicia.
La afectada está procesada por presunto blanqueo de dinero