El juzgado número 2 de Vilagarcía se niega a proseguir las diligencias
25 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Pocos episodios como este han afectado a tantas familias en Vilagarcía. El elevado volumen de comunidades de vecinos involucradas en la estafa descubierta en otoño -se han detectado 26 hasta el momento- no ha sido suficiente, sin embargo, para que las diligencias emprendidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital arousana avancen hacia una solución. Todo lo contrario. La jueza titular de la sala acaba de inhibirse y se niega a proseguir las investigaciones. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explican el motivo: «Debido a que hay funcionarios de algunos de los juzgados personados en la causa como denunciantes, el asunto se ha enviado a la Audiencia Provincial para que decida sobre cuál de ellos tiene que hacerse cargo de la instrucción de la misma». Con ello, el proceso sufre un nuevo retraso para desesperación de los afectados. «Nos estrellamos con la burocracia mientras tenemos el invierno encima y las reparaciones en nuestros edificios siguen sin poder hacerse», lamentaba ayer el portavoz de uno de los bloques afectados, que apenas puede disimular su indignación.
Paradójicamente, la negativa del número 2 a continuar se produce cuando había dado ya un paso decisivo hacia su resolución, al citar a declarar a toda una serie de personas físicas y jurídicas. A saber, los representantes de la firma administradora de fincas en cuyo seno se gestó la estafa, las tres entidades bancarias que pagaron los cheques en los que presuntamente se falsificaron las firmas de los presidentes de las comunidades, los dos individuos a los que se acusa de haber retirado el dinero a través de los talones fraudulentos y una empresa aseguradora.
En realidad, no es esta la primera demora que sufre el caso. El desencadenante de todo lo demás fue la demanda que el presidente de una de las comunidades interpuso en septiembre, precisamente ante el juzgado número 2. La sala ya no llegó a tramitarla entonces por haber muerto días antes la única persona a la que se refería: una empleada de la gestoría que se quitó la vida. La actuación de la policía, a raíz de la presentación de una segunda denuncia, condujo sin embargo a la detención de un sujeto al que se relacionaba con la mujer fallecida. Intervino entonces el juzgado número 1, que acabó dejando la causa en manos de la jueza del 2. Todo vuelve ahora a la Audiencia Provincial mientras 170.000 euros, que las comunidades guardaban para la ejecución de obras, se han esfumado.