El personal de Ravella detiene los aparatos susceptibles de generar emisiones cancerígenas
AROUSA
El Concello se queda sin cartelería propia mientras no aclare qué sucede con los análisis que Inspección de Trabajo exigió en el 2012
29 oct 2014 . Actualizado a las 04:59 h.Dos años sin noticias parecen haber sido suficientes para colmar la paciencia y, por qué no decirlo, también la resistencia física y mental de los tres trabajadores del área de Comunicación del Concello de Vilagarcía ante la posibilidad de verse expuestos a diario a emisiones potencialmente cancerígenas. Desde que Inspección de Trabajo requirió, en diciembre del 2012, que Ravella analizase los niveles de carbón negro, sustancia susceptible de generar tumores, en este departamento, sus integrantes no supieron más al respecto. Hasta que la semana pasada, la portavoz del gobierno local, Rocío Llovo, aseguró que las mediciones estaban hechas pero el deber de guardar sigilo le impedía profundizar en el tema. Los empleados públicos han decidido, en consecuencia, detener los aparatos responsables de los efluvios. La junta de personal confirmó ayer la existencia de un escrito dirigido tanto a la alcaldía como a la representación sindical, si bien no hará declaraciones al respecto hasta haberlo estudiado.
De esta forma, el Ayuntamiento se verá privado de la cartelería propia y todo el material que se produce en un despacho angosto cuyos ocupantes deben convivir con una fotocopiadora impresora láser, un plóter, tres ordenadores, dos impresoras y un escáner. No es de extrañar que, en estas circunstancias, la temperatura en el interior de estas dependencias se eleve hasta extremos difícilmente tolerables.
El servicio de prevención expuso, en su día, la necesidad de que los escritorios que ocupan los trabajadores de Comunicación fuese aislado del área colmatada por tanto aparato a través de una mampara. El bipartito conservador nunca llegó a tomar una medida parecida.
Tras varias quejas y reclamaciones, el Concello accedió a evaluar este verano el calor con el que sus empleados se ven obligados a trabajar. Aun en las mejores condiciones posibles, con la maquinaria apagada y las ventanas abiertas, el termómetro se disparó a los 28,9 grados centígrados, prácticamente dos grados por encima del límite que establece la ley. Tampoco se ha hecho, al parecer, nada por remediarlo pese a que la junta de personal, que representa a los funcionarios, insistió en esta y otras cuestiones en abril y julio.